La ley trans volvió a salir a escena la semana pasada porque se conoció que desde que entró en vigor la nueva ley —en marzo de 2023— 37 miembros del ejército español, Policía Nacional, la Guardia Civil y la policía local de Ceuta con edades comprendidas entre los 40 y 50 años, han cambiado de sexo, pero mantienen su nombre. A lo largo de toda la semana aparecieron en varios programas de televisión, hombres trans que explicaban los motivos por los cuales habían tomado la decisión. Algunas de estas intervenciones provocó la indignación de mucha gente. Ahora, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) ha salido al paso y este lunes ha pedido a la Fiscalía que actúe con contundencia y rigor contra los fraudes de ley, ante "el vergonzoso desfile" de personas que se "burlan" haciéndose pasar por personas trans "de manera grotesca".
Responsabilidad a los medios
La Felgtbi+ ha pedido a los medios de comunicación actuar con responsabilidad y que no den protagonismo y promoción a gente que solo tiene la intención de "mofarse de las personas trans" a través del fraude de ley. La presidenta de la Felgtbi+, Uge Sangil, ha advertido que dar protagonismo público a posibles fraudes de ley solo sirve para generar un efecto llamada en otras personas que solo busquen aparecer en los medios para desacreditar la legislación actual y humillar a las personas trans, burlarse y reírse de su realidad, exponiéndolas a sufrir más violencias.
"Afortunadamente, la ley tiene mecanismos suficientes para identificar y perseguir los fraudes a posteriori y es sencillo detectarlos. Por eso, solicitamos que se investiguen con diligencia, rigor y contundencia estos casos, ya que, todos los indicios apuntan a que la intención real de estas personas es cuestionar la ley y señalar a las personas trans, más que hacer un cambio de género real", ha señalado. En este sentido, ha denunciado que la intención de conseguir protagonismo mediático con discursos y afirmaciones sobre la identidad u orientación sexual faltas de sentido, la intención de utilizar la ley para un presunto beneficio legal que no les toca, no haber cambiado de nombre, el hecho de no utilizar pronombres del género que aseguran tener, o buscar incomodar a la ciudadanía, especialmente a las mujeres "son elementos, juntos, indiciarios de fraude de ley".
Uno de los casos que ha vuelto a salir a escena durante esta semana ha sido el de un hombre que cambió de sexo para evitar ser juzgado por violencia de género. El procesado estaba acusado de acoso contra su exmujer y de infringir una orden de alejamiento, además de otras causas abiertas por violencia de género. Sobre este tipo de prácticas, Sangil ha recordado que el cambio de sexo registrado no permite eludir una condena por violencia de género, tal como recoge la Ley LGTBI+ en el artículo 46: el delito se juzga sobre la base del sexo legal que tenía cuándo la persona cometió el hecho delictivo.