A partir del próximo curso, el 2025-2026, las universidades públicas catalanas serán más baratas y los precios de todos los grados y másteres habilitantes —los necesarios para desarrollar una actividad laboral— estarán unificados a 17,69 euros el crédito. También habrá una rebaja del 30% en los precios de los másteres no habilitantes, con un nuevo precio de 19,37 euros el crédito. El Govern de la Generalitat ha aprobado en el Consell Executiu de este martes el decreto que fija los nuevos precios de las universidades públicas y para la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y culmina así el proceso de rebaja progresiva de las tasas que se empezó en 2020.
Con la norma aprobada, que sigue lo que dicta la Ley 7/2022, desaparecen los coeficientes diferenciales de estructura docente que encarecían algunos estudios y se establece un nuevo modelo que el Ejecutivo de Salvador Illa considera "más justo y transparente para el alumnado". A su vez, se mantiene la compensación de recursos que el Govern destina a las universidades para garantizar su "viabilidad": se mantienen las becas Equitat para los tramos 1 y 2 de renta y se establecen exenciones totales o parciales por familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia machista o beneficiarios del ingreso mínimo vital. Con todo, se mantienen los recargos por segundas y sucesivas matrículas, "para fomentar el rendimiento académico y optimizar el uso de los recursos públicos".
En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha defendido la unificación de precios a la baja como una manera de asegurar que el acceso a la universidad sea "un derecho al alcance de todo el mundo". "Es un acuerdo en la determinación del Govern de desplegar igualdad de oportunidades en nuestro país", para que los "talentos" que se puedan encontrar en cualquier municipio o pueblo de Catalunya se desarrollen "sin barreras". Según Paneque, esta reforma hace del sistema universitario catalán uno de los "más accesibles del entorno europeo".
1.650 docentes y trabajadores de Educació más
Con respecto al ámbito educativo, este martes el Govern también ha aprobado una ampliación de la plantilla de docentes y otros especialistas que requiere el Departament d'Educació. En concreto, habrá 669 docentes de primaria y secundaria más, 218 de formación profesional y 209 para atender las necesidades de la escuela inclusiva. También unas 202 plazas más para personal de administración y servicios (PAS) en centros educativos, servicios centrales y servicios territoriales. Finalmente, unas 352 plazas PAE para atender las necesidades de la escuela inclusiva.
Complemento salarial por el refuerzo de matemáticas
Aparte de eso, el Ejecutivo de Salvador Illa también ha aprobado un complemento salarial para los docentes que coordinan los programas temporales de apoyo intensivo de matemáticas que ha desarrollado el Departament d'Educació de Esther Niubó ante la bajada general de nivel de los alumnos catalanes en pruebas como las PISA o las competencias básicas. Serán unos 625 euros mensuales más, para los docentes de primaria y secundaria. Un complemento que será de unos 100 euros para los docentes que asuman funciones de referente territorial de este programa. Este programa de apoyo en matemáticas se hará en 240 centros.
Aprobado el convenio con la OCDE
Finalmente, el Govern ha aprobado hoy definitivamente el convenio que se ha trabajado con la OCDE "para la mejora de los resultados educativos" y que ya anunciaron el presidente Illa y Niubó hace meses. El proyecto tendrá un presupuesto total de unos 1,48 millones de euros y se desplegará a lo largo de cuatro años: uno primero para diagnóstico y asesoramiento (2025), otro para implementar políticas y empezar a hacer seguimiento (2026), un tercero para culminar el seguimiento (2027) y un año final para difundir qué resultados ha habido (2028). La OCDE elaborará un informe sobre el sistema educativo catalán y recomendará políticas concretas. Eso ha sido un punto de debate polémico en la educación catalana últimamente, al considerar varios sindicatos docentes y partidos de izquierdas como los Comuns que la solución no se tiene que buscar en una organización "de la patronal" como la OCDE, que, según su opinión, promueven políticas que no funcionan, como el aprendizaje por proyectos.