El Departamento de Interior y la Dirección General de la Policía han archivado la información reservada que se abrió a raíz de la detección, en una asamblea de profesores antes de la huelga docente del mes de mayo, de dos agentes de la policía, al no detectar ninguna vulneración del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, que no hay ningún indicio que obligue a perseguir ninguna responsabilidad penal o disciplinaria contra las agentes o sus mandos. Lo ha anunciado, desde el Parlamento de Catalunya, el intendente jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Carles Hernández, que ha comparecido ante una comisión de diputados que investiga las infiltraciones de los cuerpos policiales del Estado español en movimientos sociales y que, después de saberse que dos agentes de esta comisaría general fueron detectadas en esta asamblea del 6 de mayo, también ha incluido el caso en la comisión, citando a Hernández, que es el máximo responsable. Este archivamiento de la investigación de Asuntos Internos, sin embargo, no detiene las tres demandas que hay presentadas por sindicatos contra los Mossos.
Ante los diputados, el intendente también ha explicado que, desde que se generó la crisis por esta supuesta "infiltración", desde su comisaría general se ha modificado el procedimiento de control y validación de estas operaciones. Si antes era el mando de cada unidad territorial que quería hacer una operación de obtención de información como la del mes de mayo quien lo tenía que autorizar, ahora es él mismo, como jefe de la comisaría, quien lo tiene que validar, elevando, así, asegura, el nivel de control y prevención. Con todo, sin embargo, el intendente ha explicado que desde su comisaría general no entienden que la operación del mes de mayo vulnerara ningún derecho y que no hacía falta pedir perdón, a pesar de que sí que ha aceptado que fue mal planificada y que se han hecho cambios para mejorar, como este cambio de procedimiento en la autorización de este tipo de operativas. Desde el 9 de mayo, cuando se ordenó este cambio, ninguna unidad territorial ha vuelto a pedir ejecutar una operación como esta.
Hernández defiende la operación del 6 de mayo
Carles Hernández ha asegurado que las dos agentes que fueron detectadas no eran "agentes infiltradas" o "agentes encubiertas", una figura que, ha apuntado, requeriría tutela judicial. En cambio, el intendente ha asegurado que las dos policías estaban haciendo funciones de policía gubernativa, sobre quien recae el encargo de la obtención de información sobre protestas, en el ámbito de la conflictividad sociolaboral, para dimensionar los dispositivos policiales para, ha apuntado, garantizar todos los derechos, los de los manifestantes, ante posibles riesgos, y también los del resto de los ciudadanos.
Hernández, que ha evitado pedir perdón, como sí hizo la consejera Parlon, también en sede parlamentaria —aunque el director general de la Policía, en un documento firmado el mes de julio, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, también avaló la operativa—, ha explicado que las dos agentes entraron en una asamblea que se hacía a puerta abierta, que había sido convocada por redes sociales y que no mintieron para acceder. Sí mintieron, después, para salir, cuando fueron interceptadas, para hacerlo con seguridad. El intendente ha explicado que es uno de los encargos que tiene su comisaría general saber cuáles son las intenciones de los manifestantes para adecuar los operativos policiales y que el 49% de las acciones que habían hecho los sindicatos de maestros no habían sido comunicadas. También se había detectado un incremento de los incidentes, con cortes de tráfico, deslucimientos y ataques a efectivos de orden público, hecho que les obligaba a recoger información para poder gestionar las jornadas de protesta de los días siguientes, en la pugna entre el colectivo y el Departamento de Educación.
Hernández ha asegurado que enviar agentes a hacer esta tarea operativa de obtención de información se hizo con la autorización de los mandos territoriales de Barcelona, que ponderaron, como también defiende él, que no se vulneraban derechos, y ha explicado que ni el director general de la Policía ni la misma consejera tenían conocimiento. Sí ha coincidido con Núria Parlon, titular de Interior, que la operación fue "mal ejecutada" y "mal planificada", pero ha negado, en varias ocasiones, que la intención de los Mossos fuera "reprimir" ningún tipo de derecho fundamental y ha asegurado que el objetivo era, únicamente, recaudar información sobre las protestas de los días siguientes sin entrar en el fondo del debate sindical.
Nuevo mecanismo de control interno
Desde el año 2011, la Comisaría General de Información desarrolla estas tareas, si bien desde el mes de mayo se ha elevado este mecanismo de control y todas las peticiones pasarán por la mesa del jefe de la Comisaría General de Información. Por ahora, se han presentado tres demandas contra los Mossos, que Hernández espera que avancen para conocer las resoluciones, si bien ya ha avanzado que los cambios de procedimiento, después de detectar la inquietud social, ya los han aplicado. No solo eso: el jefe de la comisaría general ha asegurado que trabajan en una dinámica de mejora continua y que adoptan todos los cambios necesarios cuando detectan que las cosas se pueden hacer mejor. Que la Dirección General de la Policía haya archivado la información reservada avala, también, la gestión de Hernández, que desde el primer momento, a pesar de aplicar los cambios que ha explicado, ha defendido la labor de las dos agentes y también de los mandos de la Unidad de Información de Barcelona. Hernández ha recordado en varias ocasiones que este encargo de obtención de información "para proteger derechos" es una competencia de su comisaría general desde 2011 y que, desde entonces, ha insistido, han pasado por Interior varios consejeros, pero ha apuntado que, si desde el Parlament se quiere cambiar la ley para evitar que sean ellos los que lo hacen, que lo cambien, que seguro que alguna otra unidad del cuerpo se encargará de hacerlo y, según él, de proteger todos los derechos, los de los manifestantes legítimos y los de los ciudadanos afectados por las protestas legítimas.
En la comisión han participado diputados del PSC, de Junts, de Esquerra, de los Comuns y de la CUP. Los cuatro últimos se han mostrado muy duros contra el intendente en el turno de preguntas. Francesc de Dalmases, de Junts, ha vuelto a pedir la dimisión de la consejera Parlon y también el cese de Hernández por sus declaraciones en sede parlamentaria, que ha asegurado, no eran democráticas y buscan dinamitar la consejería desde dentro. El jefe de la comisaría general ha vuelto a asegurar que su cargo está a disposición de la comisaria jefa, pero que él no piensa dimitir.