Miles de abogados y procuradores de todo el Estado, hasta 20.000 según los organizadores y unos 6.500 según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este sábado por el centro de Madrid para reclamar poder pasarse de sus mutuas al régimen general de autónomos de la Seguridad Social llevándose el dinero invertido, en considerar que han sido estafados por las mutuas y los colegios profesionales que les hicieron meterse en planes privados. Si el Estado no se hace cargo, lamentan, cobrarán pensiones de entre 300 y 500 euros. Es una situación en la que se encuentran al menos 100.000 abogados y procuradores mutualistas de toda España. "Por una jubilación digna, pasarela al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) ya" ha sido una de las pancartas que han presidido la marcha, que ha empezado en dos lugares (las sedes de las mutuas de los dos colectivos) para después confluir en el Paseo de Recoletos y dirigirse juntos hasta el Congreso de los Diputados, donde han leído un manifiesto.
La manifestación, en la cual también se ha reclamado un turno de oficio digno, se ha caracterizado por el color negro de las togas de los letrados, que han querido así representar el oscuro futuro que los espera si no se cambia la normativa actual, según han explicado los colectivos convocantes; entre ellos, el Movimiento J2 y el sindicato Venia. Los manifestantes han coreado consignas como "RETA sí, Mutua no", "Queremos igualdad, no caridad" y diversos de ellos han llevado un ataúd que simulaba la muerte de un letrado mutualista con cien años, y que "hasta ayer estuvo en activo" porque no se podía jubilar. Todos coinciden en que se sienten estafados por sus colegios profesionales, que en su momento les dijeron que ser de la mutua era mejor que el régimen público.
"Guiadas por criterios mercantilistas", pensiones de entre 300 y 500 euros
En el manifiesto, los convocantes aseguran que el fin originario de las mutualidades de abogados y procuradores, basado en la protección y la solidaridad, ya no se da, ya que ahora "están guiadas por criterios mercantilistas y se han convertido en compañías de seguros, no cumpliendo las exigencias y derechos a unas coberturas mínimas equiparables a cualquier trabajador de este país". "Abogados y procuradores mutualistas nos enfrentamos hoy a pensiones de 300 a 500 euros después de 20, 30 y 40 años cotizados, en solo 12 pagas y que no se actualiza con el índice de precios al consumo. A unas coberturas de incapacidad o por salud mental, que ni desde lejos se parecen a las coberturas de la Seguridad Social", añaden. Por eso solicitan que se apruebe una ley que permita la posibilidad, con carácter voluntario e individual, de trasladar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos las cantidades cotizadas en las mutualidades profesionales de Abogacía y Procura, computándose los años cotizados a efectos en el devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilación incluida.
El ICAM pide una reunión urgente a la Seguridad Social
Por su parte, fuentes del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) han expresado su "compromiso claro" con la defensa de los derechos e intereses de todos los suyos colegiados, así como su preocupación por la inquietud generada. "Todos los esfuerzos del ICAM se orientarán a promover una solución satisfactoria y en eso ha trabajado durante semanas", han precisado. En este sentido, han señalado que el decano del ICAM se ha dirigido por escrito a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social solicitando una reunión urgente sobre este tema para analizar las posibilidades de regular un tráfico al régimen de la Seguridad Social de los mutualistas que lo soliciten.
Enrique Santiago, presente: "Se ha cometido un gran fraude"
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de España (dentro de la coalición Sumar), Enrique Santiago, ha participado en la manifestación poniendo de relieve que el suyo es el único grupo que defiende esta reivindicación y haciendo un llamamiento al resto de partidos para que se sumen ante "esta tremenda injusticia". "Pensamos que en este país se ha cometido un gran fraude con la mutualidad de la abogacía. Durante años se han estado recogiendo aportaciones en muchos casos sin ni siquiera tener la posibilidad de optar a cotizar en el sistema público de pensiones", ha añadido, asegurando que se ha "engañado" a los letrados. "La mutualidad se ha convertido en una inmensa operación de especulación inmobiliaria. Todo este inmenso patrimonio inmobiliario tiene que pasar a la disposición del Estado para poder garantizar unas pensiones dignas de jubilación", ha concluido.
100.000 profesionales afectados
Isabel Rabel, de Alter Mutua, ha explicado que hay afectados unos 100.000 profesionales que se dieron cuenta de la situación a la cual se enfrentaban hace unos nueve meses, cuando la Mutualidad Abogacía hizo una nueva estimación de las pensiones que recibirían a los mutualistas, y vieron que sus futuras pensiones serían muy bajas y que además no podían irse con su dinero. Belén García García, portavoz del sindicato de abogados y procuradores Venia, ha defendido la necesidad de asegurar pensiones justas y también que se dignifique el turno de oficio con condiciones y pagos adecuados.
