Tramo final del juicio del caso Nóos. Es una semana de informes finales. Hoy es el turno de Manos Limpias.
La abogada que representa el sindicato Manos Limpias en el juicio del caso Nóos, Virginia López Negrete, la única acusación que ha mantenido a la Infanta en el banquillo de los acusados, centra su alegato final en la "altísima" preparación, educación y la trayectoria profesional de la infanta Cristina, a quien al frente de la empresa Aizoon, que comparte al 50% con Iñaki Urdangarin y a través del cual este había defraudado a Hacienda, "sabía y supo muy bien lo que hacía desde el primer momento". De hecho, ha manifestado que "lo que el matrimonio pretendía era crear una sociedad instrumental, 'pura ficción'", en la que, aunque él fuera el único generador de las rentas que cobró a través de Aizoon, la Infanta también se aprovechara de ella y fuera "copartícipe de esta simulación". "No sólo participó, sino que se benefició de manera consciente, y mantuvo esta actuación en el tiempo", ha añadido.
La letrada ha descrito la "calificación reforzada" de la exduquesa de Palma: "Cualidades dignas de admiración. No es una ciudadana al uso, su educación y formación tampoco". Es por esta razón que, ha manifestado, en virtud de su "altísima preparación, formada como una infanta que es, el conocimiento se le presume. Y, además, es alta funcionaria de la tercera entidad bancaria más importante del país. No es un crimen".
Según la opinión de la abogada, estas circunstancias "ponen evidencia el conocimiento en todo lo que la Infanta hace y lo que firma. Su marido, con el afecto conyugal que le honra, asume toda la responsabilidad excluyente su mujer, procesalmente irrelevante, pero los hechos son tozudos por sí mismos.
En concreto, Manos Limpias, única acusación que reclama pena de prisión para la hermana del rey Felipe VI, solicita ocho años de prisión para ella, ya que la considera cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
Todo crimen
"Todo crimen". Así resumió el fiscal anticorrupción Pedro Horrach el papel de la infanta Cristina visto por los que la han llevado al banquillo de los acusados en el marco del caso Nóos. Unas acusaciones "saturadas", además, de "elementos ornamentales que provocan tanta sorpresa" que han llevado al representante del Ministerio Público a utilizar una de las proclamaciones del Yo acuso de Émile Zola: "¡Cuánto vacío!".
"Es Infanta de España, crimen; es licenciada en Ciencias Políticas y trabajadora en La Caixa, crimen; en una ocasión visitó la sede del Instituto Nóos para recoger a su marido, crimen; tiene una sociedad junto a su cónyuge: crimen; no se turba ante las preguntas del instructor: crimen; ni un solo testigo la ha incriminado, crimen. Todo crimen. Siempre crimen", ha lanzado Horrach al final de la exposición de su informe final en el juicio del caso Nóos, que se ha prolongado durante casi cuatro horas.
A juicio del fiscal, la instrucción de la causa ha supuesto varios años "perdidos en arrabales de lo que fue una sospecha trastornada por algún medio de comunicación". El fiscal ha manifestado que la conducta de la exduquesa, para quien Manos Limpias reclama ocho años de prisión por considerarla cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, no constituye ninguna infracción administrativa tributaria, de manera que un hecho que no es ilícito en este ámbito "no puede serlo desde el punto de vista penal cuando se traslada".
La defensa de la defensa
El abogado defensor de la infanta Cristina, Pau Molins, ha solicitado su libre absolución en el caso Nóos y que "se restablezca la justicia para Cristina de Borbón" ante la actuación del sindicato Manos Limpias que, considera, ha ejercido "un abuso de derecho" contra ella y ha obrado "con gravísima temeridad". El letrado ha mostrado así su "rotundo desacuerdo" con las conclusiones de la acusación popular, que reclama ocho años de prisión para la exduquesa como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. La defensa ha criticado así el mantenimiento "obsesivo" de la acusación hacia la Infanta, aunque "de manera evidente la prueba del juicio oral haya desacreditado completamente la versión de este sindicato".
Molins reclama a la vez que, de acuerdo con el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponga a Manos Limpias una sanción económica "prevista para los casos de abuso de derecho y que ya le ha sido impuesta en otros procedimientos". En el escrito de conclusiones, la defensa de la exduquesa de Palma deja constancia del pago de los 587.413 euros que abonó a final del 2014 para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos. Se trata de la responsabilidad civil de que la Fiscalía reclamaba para la hermana del rey Felipe VI, porque considera que Cristina de Borbón se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados por su marido, Iñaki Urdangarin, en el marco de la trama empresarial urdida en torno al Instituto Nóos.
El Ministerio Público se basa por eso en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo habría participado en los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.
De hecho, Anticorrupción considera que no hay sobre ella indicios de haber cometido ningún delito, si bien sostiene que habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y, más en concreto, a través de una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial Aizoon.
La Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la cual el matrimonio es copropietario al 50% y que de manera presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 327.000 euros en las cuotas del IRPF del 2007 y 2008. La defensa de la Infanta efectuó el ingreso ad cautelam –de manera cautelar– en la cuenta de consignaciones del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.
Sin embargo, el hecho de que haya abonado el dinero no lo exime de los dos delitos fiscales que pesan sobre ella y por los cuales el sindicato Manos Limpias reclama ocho años de prisión para la acusada. La exduquesa se sienta en el banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de los dos delitos.
Para Manos Limpias, única acusación que reclama pena de prisión para la inculpada, el papel de esta ha sido imprescindible –por eso la considera cooperadora necesaria– para que su marido pudiera defraudar la Agencia Tributaria fracturando a través de Aizoon, como si se trataran de rendimientos de actividades económicas, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las cuales era conseller asesor, y de esta manera tributar menos en la declaración de la renta.
Para justificar su petición de ocho años de prisión –cuatro para cada uno de los dos delitos fiscales–, el sindicato considera que la hermana del Rey incurrió en un agravante, y fue haber interpuesto a una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.
De hecho, Manos Limpias, de la misma manera que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de los mercantiles ficticios que integraban el entramado societario presuntamente dirigido a desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos –hasta 6,2 millones de euros– desde las Administraciones públicas.
El informe final de la Fiscalía
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha señalado durante su intervención este miércoles en el juicio del caso Nóos que fue el expresidente del Gobierno balear Jaume Matas quien, en el marco de las negociaciones de los diferentes acontecimientos que el Instituto Nóos impulsó en Baleares, fijó y determinó el precio a pagar a la entidad entonces presidida por Iñaki Urdangarin. El Instituto acabó percibiendo más de 2,6 millones de euros del Ejecutivo autonómico.
El representante del Ministerio Público ha recalcado que, si bien Matas "no era un órgano de contratación", tomó decisiones sobre estos expedientes y "su trayectoria política es significativa e inequívoca sobre esta cuestión". De hecho, ha apuntado en la imposibilidad de que, delante de la cifra elevada de los importes, fueran acordados "sin que fueran ratificados" por el expresidente "a causa de la estructura vertical impuesta por él".
"Es a quién elige y nombra el director general de Deportes, a José Luis Ballester, y el gerente de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal [también acusados], quien decide que sea desde de Illesport desde donde se hagan los contratos y se paguen", ha profundizado Horrach, y ha aseverado que esta última entidad pública era "una apariencia de fundación".
Sin embargo, el fiscal ha aseverado que si bien Matas fue el responsable de la contratación de Urdangarin "de manera fraudulenta, no se lo puede hacer responsable de la falta de control del destino de los fondos".
Horrach ha manifestado que el papel que ejerció Matas fue decisivo para que el Gobierno balear destinara de manera irregular 1,2 millones de euros a la celebración del primero Islas Baleares Forum (2005); 1,085 millones en el segundo (2006); 54.520 al seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears-Banesto; 174.000 a la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo, y 116.566 a la elaboración de material promocional de las islas Baleares.
El representante del Ministerio Público ha repasado al mismo tiempo cómo se tramitaron los convenios con el Instituto Nóos tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana, y ha recalcado que "es obvio que toda decisión política tiene que traducirse en un proceso administrativo".
"¿Dónde está la motivación en los convenios?", se ha preguntado Horrach, que ha recriminado la falta de "transparencia y publicidad", que son "el fundamento de todas las reglas de contratación pública". Al mismo tiempo, ha criticado la ausencia de concurrencia y control del gasto. "Ni se justificó ni se produjo", ha lanzado.
El responsable de la acusación pública ha apuntado como los exaltos cargos públicos, de común acuerdo con los dirigentes de Nóos, "tomaron decisiones arbitrarias" e hicieron "un ejercicio abusivo de poder". "No es suficiente el contrato para entender por justificado el gasto, tiene que acreditarse. Se han infringido deliberadamente todos los principios", ha remarcado.
El alegato de la abogada del Estado
La abogada del Estado que representa la Agencia Tributaria en el caso Nóos, Dolores Ripoll, ha manifestado durante la exposición de su informe final que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres "sabían lo que hacían y querían" y eso pasaba por defraudar a Hacienda a través del entramado empresarial que urdieron en torno al Instituto Nóos.
La letrada, que ha hecho uso de la palabra después de las casi cuatro horas de intervención del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, ha ceñido su discurso a los delitos fiscales en que habrían incurrido a los dos exsocios, y ha desvinculado la infanta Cristina de la presunta defraudación que habría cometido a su marido a través de Aizoon, empresa de la cual el matrimonio es propietario.
De hecho, Ripoll se ha referido en este sentido al perito aportado a la causa para el sindicato Manos Limpias –y en el interrogatorio del cual finalmente renunció al acto del juicio–, sobre quien ha aseverado que "no se puede considerar perito" y, si su informe en instrucción ha sido admitido, lo que se ha aceptado "es una simple opinión personal de alguien que no se identifica".
"No se conoce el currículum y, además, incurre en contradicciones", ha recriminado a la abogada del Estado. Durante su intervención, la abogada ha incidido que la condición de socio no convierte, por sí sola, al socio en responsable de los delitos cometidos por el administrador de la entidad, como en este caso Urdangarin.
En su comparecencia ante el juez José Castro, este perito, que se definió en su momento como un "mercenario tanto tributario-mercantil como económico", manifestó, en alusión al papel de la Infanta en Aizoon, que la exduquesa no era "una socia que tiene el 0,00001% del capital y que no pinta nada" y que, como propietaria a medias de esta empresa al lado de su marido, podría haber pedido que se regularizara la situación tributaria, ya que tenía "la capacidad de decirlo".
En relación con las sociedades de Urdangarin y Torres, Ripoll ha recordado las palabras del exasesor de Nóos, Luis Tejeiro, y ha señalado que la finalidad de la facturación cruzada en que incurrieron las empresas del entramado dirigidas por los dos exsocios pasaba por "sacar el dinero de Nóos" que previamente había obtenido de las Administraciones públicas.
También ha apuntado a la "intercambiabilidad" de los trabajadores de cada una de estas entidades, que "pensaban que trabajaban para Nóos y que, al ver la nómina, veían que trabajaban para una u otra sociedad".
Daños y perjuicios por acusar a una Infanta
El abogado defensor de la infanta Cristina en el marco del caso Nóos, Pau Molins, ha reiterado este martes que "lo que pretenden es que se dicte sentencia absolutoria y se restablezca la justicia para la Infanta y que se condenen las actuaciones de Manos Limpias".
En la salida de la sesión del juicio oral, Molins ha dicho que "incorpora en el debate no sólo si hay condena para la Infanta o absolución, sino si hay condena para Manos Limpias". "Hemos añadido la condena de costas por temeridad y mala fe procesal y el abuso claro de derecho que efectúa Manos Limpias", ha explicado.
"Se le dice darle la vuelta a la tortilla", ha dicho Molins porque, según ha añadido, "me parece un dato objetivo". "Se llenaban la boca con la justicia, la transparencia, la defensa de los ciudadanos y ya hemos visto cuáles eran los verdaderos motivos", ha comentado refiriéndose al ingreso en la prisión del máximo dirigente del sindicato, Miguel Bernad.
De esta manera, ha justificado la petición de la "condena en costas" como indemnización por "el gravísimo perjuicio que ha ocasionado a la Infanta". "La Infanta se encuentra bien, esperando que acabe el tramite. Creemos que para Sant Joan podemos dar el juicio por acabado", ha dicho.
La defensa de Urdangarin
El defensor del exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha asegurado en la salida de la sesión de este martes del juicio por el caso Nóos que, por su parte, "nadie ha hecho nada malo". En unas declaraciones a los medios de comunicación presentes en la sede del Ebap, Pascual Vives no ha querido revelar los argumentos principales en los cuales basa la petición de absolución de su defendido, pero ha resaltado que considera que "no se ha cometido ningún delito".
Después de preguntarle por cómo se encuentra Urdangarin, ha dicho que "bien, esencialmente". Hay que destacar que minutos antes, durante su intervención en el juicio oral, ya había realizado la petición de "libre absolución". El letrado mantiene así la inocencia del exduque, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años y medio de prisión por urdir y liderar, al lado de su exsocio Diego Torres, presuntamente, una trama empresarial con la cual consiguieron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública.