El promotor del macroprostíbulo de Mataró no tiene licencia de obras. Lo ha dicho reiteradamente el Ayuntamiento en los últimos años y ahora también lo dice la jueza del contencioso administrativo número 10 de Barcelona, según relata al auto a la que ha tenido acceso la ACN.

El empresario en litigio, Josep M. Colomer Ribot, pretendía que de acuerdo con la licencia ambiental obtenida en el 2010 para el futuro prostíbulo se "rehabilitara" ahora una antigua licencia de obras con la que poder levantar el burdel. Se da la circunstancia, sin embargo, que esta antigua licencia de obras, del año 2007, estaba ya caducada y, además, como recuerda el auto, servía sólo para hacer un "edificio industrial". La jueza desestima pues la petición del promotor de vincular dos licencias que son "de actos administrativos claramente diferenciados".

Cuando hace poco más de un año el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) declaró vigente la licencia ambiental de lo que tenía que ser el futuro macroprostíbulo de la ciudad se encendieron todas las alarmas. El consistorio mantenía el frente común contra el burdel, pero su promotor llegó a escenificar en los terrenos que el inicio de obras era inminente.

Sus planes eran claros. Si tenía licencia ambiental tenía que tener, a la fuerza, una licencia de obras que le permitiera levantar el edificio, a pesar de la que había pedido años atrás estaba caducada y, actualmente, no pudiera pedir ninguna otra por la suspensión de licencias y la modificación del plan de usos de los polígonos que había impulsado el Ayuntamiento de Mataró.

Colomer Ribot, pues, volvió a llevar el caso a la justicia y reclamaba que, de acuerdo con la sentencia del TSJC, que le reconocía la licencia ambiental, se "rehabilitara" ahora su antigua licencia de obras. El juzgado contencioso administrativo número 10 de Barcelona, sin embargo, le deniega la petición.

"Esta pretensión no puede prosperar", asegura la jueza en e auto a la que ha tenido acceso la ACN. La jueza recuerda que la la antigua licencia de obras la pidió a través de una sociedad diferente a la que pidió la licencia ambiental del prostíbulo, con lo cual no se pueden "relacionar".

Además, apunta también que la antigua licencia de obras se otorgó sólo para la construcción de un "edificio industrial no vinculado en el ejercicio de una actividad concreta". Con todo, el juzgado considera "procedente desestimar" las pretensiones del promotor del macroprostíbulo de Mataró y le obliga a pagar también 200 euros de costes judiciales.