La Oficina Antifrau ha cerrado durante los seis primeros meses del año 2021, 26 medidas en diferentes administraciones catalanas que estaban bajo investigaciones de este ente público contra la corrupción. Los ayuntamientos es donde se registra el volumen mayor de irregularidades, la mayoría relacionadas con la contratación y el cobro de dietas. Pero varios departamentos de la Generalitat y tres universidades catalanas también han estado bajo investigación. Durante los primeros seis meses del año se han cerrado investigaciones en 14 ayuntamientos, 3 universidades, 3 departamentos de la Generalitat y 3 instituciones supramunicipales. En la mayoría de los casos las instituciones han aplicado medidas correctoras o reparadoras, pero se han tenido que incoar seis expedientes disciplinarios y sancionadores.

A propósito de las actuaciones llevadas a cabo por Antifrau, las entidades afectadas han comunicado la adopción de las medidas. Pero, además, y en algunos de los casos, la Oficina Antifrau ha transmitido a las autoridades competentes las posibles responsabilidades deducidas de las actuaciones indagatorias. La OAC está obligada a enviar a la Fiscalía los casos que puedan incurre en un delito penal.

En total durante los primeros seis meses del año se han aplicado una medida preventiva, 17 de correctoras, 2 revisoras y 6 sancionadores.

Los ayuntamientos, un agujero negro

La administración pública con más irregularidades, según los datos de los primeros meses del año 2021, son los Ayuntamientos.

Al Ayuntamiento de Barcelona se han aplicado medidas preventivas por un conflicto de interés del personal del Instituto Municipal de Parques y Jardines. La dirección de Análisis del mismo Ayuntamiento ha recomendado las medidas. También se ha tenido que instar a cumplir el régimen de incompatibilidades del personal de servicio del Ayuntamiento y adecuar los nombramientos de cargos de las diferentes empresas municipales cuando un mismo empleado ocupa más de dos cargos en diferentes consejos de administración.

Pero el perfil de los ayuntamientos investigados por Antifrau son de pueblos o ciudades pequeñas.

En el Ayuntamiento de la Roca del Vallès se ha tenido que actualizar en portal de transparencia del Consistorio las retribuciones de los cargos electos y de los trabajadores. Al Ayuntamiento de Terrassa se le ha abierto un expediente informativo porque una persona al servicio del Consistorio participó en un procedimiento de contratación pública en el cual se tendría que haber abstenido. En el Ayuntamiento de Santpedor se ha abierto un expediente de protección de la legalidad urbanística por una construcción en un suelo no urbanizable. En Almacelles para no publicar la declaración actualizada de bienes, derechos patrimoniales y actividades de los concejales y concejalas. En la Ametlla de Mar se ha tenido que hacer un estudio para actualizar las funciones de todos los trabajadores por presuntas irregularidades. En el Ayuntamiento de Guissona se han detectado presuntas irregularidades en dos convocatorias públicas y las correspondientes pruebas de selección. En el Morell se ha tenido que proveer reglamentariamente un puesto de trabajo investigado que se prorrogó irregularmente.

Con respecto a las medidas revisoras, el Ayuntamiento de Canyelles ha tenido que incoar un procedimiento de revisión de oficio por los pagos de las dietas de los concejales desde el 2015 en el 2019.

En Gelida, Corçà, Palau d'Anglesola y Els Pallaresos se han abierto procedimientos disciplinarios, sancionadores y fiscalizadores. El Ayuntamiento de Gelida ha tenido que pagar una multa de 3.000 para tener un trabajador haciendo trabajos esporádicos sin contrato. En Corçà se está valorando la presunta responsabilidad disciplinaria de una persona vinculada a la licitación del contrato para la gestión del servicio municipal de recogida y transporte de los residuos municipales. En Anglesola ha abierto un procedimiento sancionador por el cobro de dietas de los concejales. Y en el Ayuntamiento de los Pallareses hay otro proceso abierto para tener durante tres años una persona prestando servicios de manera encubierta y sin estar dada de alta en la seguridad social.

Acción Climática, Justicia e Interior bajo la mirada de Antifrau

A la Generalitat hay varios departamentos que han acabado investigados por la Oficina Antifrau.

El Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural ha acordado revocar y reclamar una ayuda de 29.094 euros a una empresa que había manipulado los documentos presentados. También se ha iniciado la investigación para identificar posibles responsabilidades. El departamento de Justicia ha incorporado un paquete de mejoras en las cláusulas de los pliegues de los nuevos contratos para los intérpretes después de detectadas carencias en la comprobación de la veracidad de los certificados de la prestación del servicio. La Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos deja sin efecto la autorización para utilizar el parque de bomberos de Maçanet de la Selva a personas ajenas a este servicio.

Administraciones supramunicipales y universidades

Antifrau mujer un toque de atención al Consorcio Catalán de Desarrollo Local por no haber sido lo bastante cuidadoso sobre la política de competencia. Al Àrea Metropolitana de Barcelona le pide que active el control financiero preceptivo de las subvenciones en las centrales sindicales por las ayudas que se los han concedido. Y la empresa pública Salud Catalunya Central ha tenido que empezar el procedimiento de licitación para la adjudicación del servicio de recogida, transporte y destrucción de papel confidencial del Hospital de Sant Bernabé de Berga para regularizar la situación contractual.

Con respecto a las universidades, las investigaciones tienen que ver, sobre todo con las incompatibilidades y acceso a la información. Es el caso de la Universidad de Barcelona que tiene que publicar la relación de puestos de trabajo actualizada. La Universidad Pompeu Fabra tiene que proveerse de una herramienta informática para gestionar las consultas sobre la vida laboral de su personal. La UAB ha abierto una investigación por el presunto incumplimiento de la normativa de incompatibilidades.

Cuatro años de cambio

La entrada del magistrado Miquel Àngel Gimeno en la Oficina Antifraude ha supuesto un antes y un después. El actual director coge el encargo con unos precedentes que ensuciaban la imagen de una institución creada para velar para el buen hacer de las instituciones catalanas. El año 2011 muere el director del OAC que puso en marcha la institución, el fiscal David Martínez Madero, y el año 2016, con el estallido de la Operación Catalunya, se filtran de las conversaciones entre el director de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, en las cuales se tramaba fabricar casos contra ERC y CDC. El Parlamento destituye a De Alfonso y nombra Gimeno, que poco a poco ha ido poniendo orden en la Oficina Antifraude y ha reactivado la capacidad escrutadora de la institución que cada vez recibe más denuncias y resuelto más casos, hasta el punto de llegar a una colaboración estrecha con la Fiscalía quien se encarga de las irregularidades penales que se detectan por el OAC.

En una entrevista reciente en El Nacional, Gimeno fue contundente sobre el fondo de los problemas de las administraciones públicas con respecto a la corrupción: "La corrupción viene del ámbito político. No de los partidos, sino de los electos".