La Fiscalía pide cuatro años de prisión al teniente de alcalde de Urbanismo y al concejal de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Sabadell en la etapa de Manuel Bustos, del PSC, acusados de facilitar, con expedientes en contra, que una constructora vertiera sin licencia tierra en una finca.

Así lo solicita la Fiscalía Anticorrupción en un escrito de calificación, en el cual ha tenido acceso Efe, sobre la pieza seis del "caso Mercurio", una trama con epicentro en Sabadell por la cual Bustos está a la espera de que la Audiencia de Barcelona decida si ingresa en la prisión para cumplir una condena de tres años por una de sus múltiples derivadas, en este caso para ordenar a la policía local que retirara multas de sus familiares.

Según la Fiscalía, el entonces exconcejal del PP Jordi Soriano -en el epicentro de la supuesta trama del caso Mercurio y para quien la Fiscalía pide 3 años para esta pieza separada- contactó en el 2011 con unos constructores -investigados en otra de las piezas del caso- para proponerles que utilizaran como vertedero del suelo la finca denominada "Can Xupa", situada en la zona de "Ca N'Alzina", simulando un proyecto de mejora agrícola.

Una denuncia paralizada

No obstante, los vertidos, de unos 53.000 metros cúbicos, se hicieron sin licencia urbanística de obras mayores, hecho que fue descubierto por la Unidad de Vigilancia Rural (UVR), que levantó la correspondiente acta para paralizar la actividad.

Cuando el acta llegó al Ayuntamiento, Soriano contactó con el entonces teniente de alcalde de Urbanismo Joan Manau, que se puso de acuerdo con el entonces concejal de Sostenibilidad Ricard Estrado, los dos del PSC, para que no tramitara la denuncia, que quedó paralizada sin que su original ni copia hayan podido ser localizados en dependencias municipales, según la Fiscalía.

En los meses siguientes, según la Fiscalía, Soriano y sus socios continuaron sin ninguna traba con el vertido de tierras, sin la preceptiva licencia urbanística, con el "conocimiento y beneplácito" de Mandáis y Estrado.

Según la Fiscalía, los dos cargos municipales acusados no sólo consintieron esta actividad ilícita haciendo "desistimiento de sus funciones" cuando tenían obligación de paralizarla, sino que "incluso pusieron en guardia a Jordi Soriano ante la existencia de nuevas quejas para el vertido ilegal".

El papel de Bustos

De hecho, en agosto de 2011 la UVR volvió a extender acta para paralizar los vertidos ilegales, delante lo cual Soriano contactó en esta ocasión con el entonces alcalde Manuel Bustos, que "sin aparentemente implicarse en el asunto", según la Fiscalía, lo derivó a Xavier I., un cargo de confianza del PSC, para quien la Fiscalía pide un año y cinco meses de prisión, ya que contactó con Mandáis para que volviera a paralizar el expediente.

A inicios de septiembre de 2011 se hicieron nuevas inspecciones en los terrenos, que constataron que seguían los vertidos, delante de lo cual el teniente de alcalde de Urbanismo firmó el día 15 de este mes un decreto que suspendía los vertidos y ordenaba restituir la realidad física alterada de las obras, lo cual puso fin al vertido masivo.

No obstante, los expedientes tramitados por la sección de disciplina urbanística, a principios de 2012, quedaron inicialmente en nada ya que Estrado, como responsable Sostenibilidad, no adoptó ninguna resolución ni determinó las sanciones a imponer por los vertidos ilegales.

Finalmente, en el 2016, cuando Estrada ya no estaba en el cargo, el consistorio impuso una multa por valor de más de medio millón de euros por estos vertidos ilegales.

Peticiones de la Fiscalía

Al exconcejal de Sostenibilidad Ricard Estrado y al extenient de alcalde de Urbanismo Joan Manau la Fiscalia los pide cuatro años de prisión y debe de inhabilitación a cada uno por los delitos continuados contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa.

Para el exconcejal del PP Jordi Soriano, la Fiscalía solicita tres años de prisión y 120.000 euros de multa por|para un delito de tráfico de influencias.

Imagen principal: Manuel Bustos en el banquillo de los acusados / ACN