La Fiscalía investiga penalmente 86 residencias de todo el Estado por la gestión del coronavirus en estos centros. 20 de estas investigaciones se hacen en Catalunya. En total, hay 18 investigaciones abiertas en Barcelona, una en Lleida y una en Tarragona. Las denuncias están interpuestas por familiares o trabajadores de los centros.
Desde el inicio del confinamiento, "la Fiscalía General del Estado, a través del fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las fiscalías provinciales, ha realizado un seguimiento permanente de la situación de las personas de la tercera edad y discapacitadas, y particularmente, de quien vive en centros y residencias de personas mayores", dice la Fiscalía General del Estado en un comunicado.
En Madrid es donde hay más investigaciones penales, en total 40. El resto se reparten entre Zaragoza, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y la Rioja.
Al margen de las investigaciones penales, también se han abierto 126 diligencias civiles que se enmarcan en el seguimiento que hace el ministerio público al amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad".
De estas diligencias, 50 se hacen en Catalunya. De hecho, en Catalunya es donde hay más investigaciones civiles de residencias por parte de la Fiscalía.
Estas investigaciones, abiertas por las fiscalías provinciales y las fiscalías de las comunidades autónomas, tienen varios objetivos: "Recopilar datos sobre la situación en que se encuentran las residencias y las personas residentes, además de mantener un seguimiento de su evolución". También tienen como objeto resolver los problemas puntuales que requieran la intervención o impulso propios de la tarea protectora del ministerio fiscal en este ámbito".