La justicia ha admitido a trámite una demanda contra el Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social por la muerte de Víctor Fernández López, un bombero que prestó servicio durante aproximadamente treinta años y que murió el 3 de mayo de 2024 a consecuencia de un mieloma múltiple IgG Kappa, un cáncer hematológico, según ha podido saber ElNacional.cat. Su viuda reclama que la enfermedad que acabó causándole la muerte sea reconocida como enfermedad profesional o, de manera subsidiaria, como accidente de trabajo.
La Sección Social número 4 del Tribunal de Instancia de Barcelona ha considerado que la demanda cumple los requisitos legales y ha acordado su admisión a trámite. El procedimiento se dirige contra el INSS, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Departament d'Interior. El juicio ha quedado señalado, según el decreto judicial al que ha tenido acceso este medio, para el 29 de junio de 2028, a las once de la mañana. La demanda, presentada por la viuda del bombero con la dirección letrada del Col·lectiu Ronda, parte del hecho de que el INSS ya reconoció en junio de 2024 el derecho de la mujer a cobrar una pensión de viudedad equivalente al 52% de una base reguladora de 2.933 euros mensuales. Lo que ahora se discute judicialmente es el origen de la muerte del bombero: el INSS la consideró derivada de una enfermedad común, mientras que la familia defiende que fue consecuencia de su actividad profesional.
Treinta años expuesto al humo y a sustancias cancerígenas
La demanda sostiene que Fernández López trabajó durante aproximadamente tres décadas como bombero, con una exposición "reiterada y acumulativa" a humos de combustión, hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos volátiles, productos petroquímicos, gases tóxicos y otros agentes cancerígenos presentes en incendios estructurales, industriales y de vehículos. El bombero había sido declarado en situación de incapacidad permanente absoluta con efectos desde enero de 2021 y murió tres años después a causa del mieloma múltiple.
La representación de la familia argumenta que el cuadro oficial de enfermedades profesionales reconoce el benceno y otros agentes químicos como carcinógenos laborales vinculados especialmente a patologías hematológicas. Aunque el mieloma múltiple no aparece expresamente recogido, la demanda defiende que existe base médica y científica para relacionarlo con la exposición a hidrocarburos aromáticos y otras sustancias cancerígenas.
El escrito también señala que los bomberos están expuestos durante las intervenciones, entre otras sustancias, a benceno, formaldehído, dioxinas, fibras de amianto y productos derivados de la combustión, y defiende que esta exposición profesional fue la que provocó la patología que finalmente causó la muerte de Fernández López. La vinculación causal es, precisamente, una de las cuestiones que se deberán acreditar durante el procedimiento judicial.
Interior deberá aportar documentación
En el decreto de admisión, el tribunal también ha aceptado diversas diligencias solicitadas por la parte demandante. Entre otras cuestiones, requiere que se aporte documentación reclamada por la familia y acuerda oficiar a la Inspección de Trabajo para que elabore un informe sobre las condiciones laborales de Víctor Fernández López. La demanda solicita, entre otros documentos, información sobre la relación laboral, la antigüedad y categoría del bombero, su profesiograma y horarios y eventuales actuaciones previas de la Inspección de Trabajo.
También reclama que Interior identifique la mutua con la que tenía contratadas las contingencias profesionales. La familia pide finalmente que el tribunal declare que la pensión de viudedad deriva de una enfermedad profesional y, si esta pretensión no prospera, que se reconozca al menos que la muerte derivó de un accidente de trabajo, con efectos desde el 1 de junio de 2024, según recoge la demanda, a la que también ha tenido acceso ElNacional.cat.
El debate sobre los agentes cancerígenos
La admisión a trámite de esta demanda llega, además, en un momento en que la protección de los bomberos ante la exposición a agentes cancerígenos vuelve a estar en el centro del debate interno del cuerpo. Hace más de diez años que la parte social reclama medidas específicas y, desde 2022, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasifica la exposición ocupacional de los bomberos como cancerígena para los humanos. Precisamente este septiembre, Interior ha presentado una nueva versión del Plan Integral de prevención de la exposición a contaminantes, pero los representantes de los trabajadores la consideran todavía insuficiente y reclaman medidas más contundentes, como retirar y encapsular los equipos contaminados en el mismo lugar de la intervención, centralizar su descontaminación en centros especializados e instalar sistemas de extracción localizada de los gases de escape en las cocheras. Desde el departamento, han explicado fuentes de Bombers, se ha firmado un convenio con el Institut Català d'Oncologia (ICO) para realizar un estudio epidemiológico sobre la incidencia del cáncer entre los efectivos, los jubilados y los que están en activo, y también los que ya han traspasado y sus familiares.