La pieza del caso Villarejo sobre el vicepresidente segundo del Gobierno se ha vuelto en su contra. El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional se prepara para pedir al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias ante la existencia de indicios que apuntan a que pudo cometer al menos dos delitos en el manejo de datos personales de una de sus colaboradoras, según informe hoy El Confidencial.  

El auto en el que el magistrado Manuel García-Castellón le retira la condición de víctima del comisario no deja espacio a la duda sobre cuáles serán sus siguientes pasos. Apunta a la comisión de dos delitos, revelación de secretos y daños informáticos, y sienta las bases para elevar el procedimiento al alto tribunal. 

En su parte dispositiva, el magistrado requiere a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional "que esclarezca los envíos a terceras personas y alteraciones físicas a las que pudo ser sometida" una tarjeta telefónica que le fue sustraída a la empleada de Podemos Dina Bousselham, y que, pese a ser entregada a Iglesias en 2016, tardó meses en ser restituida a su propietaria. En ese periodo, el contenido fue copiado varias veces para después destruir el soporte original. Iglesias, que reconoció que consultó los datos que contenía, es ahora aforado, por lo que la competencia para investigarle corresponde a la Sala de lo Penal del TS. El auto parece el prólogo del envío de una exposición razonada que, en un futuro, deje la instrucción en manos del alto tribunal.

Para entender el aprieto en el que se encuentra el vicepresidente hay que remontarse a 2017. Durante un registro realizado en noviembre de aquel año, los responsables de la investigación sobre el comisario hallaron en la vivienda de Villarejo un soporte de memoria con información obtenida a partir de un móvil de la colaboradora de Iglesias Bousselham. Los archivos habrían sido extraídos del teléfono a lo largo de 2016, cuando Dina ejercía como asesora. Según declaró en 2019 la pareja de Bousselham, el móvil se lo robaron a la política del bolsillo de su chaqueta cuando ambos se encontraban en el Ikea de Alcorcón.

Además de información de índole personal y fotografías comprometedoras, la memoria del aparato guardaba abundante documentación sobre el funcionamiento ordinario de Podemos y conversaciones privadas con otros dirigentes del partido. Parte de los datos afectaba directamente a Pablo Iglesias, que consideró el supuesto robo como una estrategia para dañarle públicamente. Tras abrirse una pieza separada bautizada como Dina en el marco de la causa en la que se investiga a Villarejo, el propio Iglesias declaró como perjudicado en la Audiencia Nacional que Antonio Asensio, el presidente del Grupo Zeta, editora de 'Interviú', le entregó la tarjeta del móvil en enero de 2016.