Se archiva la causa contra el periodista y colaborador de El Nacional Jordi Galves, que tenía que declarar este viernes por la mañana por un presunto delito de odio en los Juzgados de Cornellà. Galves, que estaba citado a las 10 de la mañana, no ha tenido que declarar, ya que se le ha notificado que se archiva su causa.

La operación policial la desencadenó un artículo que Galves publicó sobre la ciudad de Cornellà en noviembre del año pasado. La acusación particular era el mismo ayuntamiento de Cornellà, y antes de ser citado en los Juzgados ya tuvo que ir a la Policía Nacional de Bac de Roda, donde decidió no declarar.

El abogado de Galves, Joaquim Bech de Careda, presentó ayer un escrito pidiendo el sobreseimiento de las actuaciones y alegando que el caso tenía que ser competencia de un juez de Barcelona, ya que la sede de El Nacional, donde se habría cometido el supuesto delito, está en Barcelona.

Además, la causa la inició el mismo juez que tenía que instruir el caso, y Bech de Careda considera que "es incompetente que él haya encontrado el supuesto delito y él mismo instruya, no es él quien lo tendría que investigar".

En la misma línea se ha expresado Jordi Galves al salir de los Juzgados: "Es evidente que la acusación era una desmesura y estaba completamente injustificada, no lo digo yo, lo dice la fiscalía, que no ha encontrado ningún tipo de elemento delictivo como bien sabían todos los lectores de mi artículo".

El periodista ha insistido en el hecho de que el juez era "incompetente porque no se puede ser juez y parte al mismo tiempo". Galves ha querido subrayar que se ha sobreseído el caso gracias a la estrategia jurídica de mi abogado que no se ha dejado intimidar por las decisiones abusivas de un juez; unas decisiones absolutamente ideológicas y contrarias a la evidencia de los hechos".

Galves es el primer periodista del Estado español a quien se le recriminaba un artículo como fuente de odio, y si finalmente el caso hubiera derivado en condena, le podría haber comportado una pena de prisión de hasta tres años.

Antes de entrar en los Juzgados y de saber que su causa se archivaba, el periodista exponía que "en ningún caso un artículo puede constituir un delito de odio, si es así, se estaría atacando la libertad de expresión".