Mejorar la Administración de Justicia con un modelo más moderno y ágil y que sitúe al ciudadano en el centro. Este es el objetivo del Govern y para hacerlo realidad, este martes ha aprobado el inicio del proceso para la elaboración del Pacto Nacional por la Justicia y la creación de la Mesa por el Pacto Nacional por la Justicia como instrumento de participación y decisión para la consecución del pacto, con la implicación de más de 30 entidades y organizaciones. Desde el Govern se afirma que con este pacto se quiere alcanzar "la unión y el consenso del mundo político, jurídico, económico y social catalán para obtener una Administración de justicia adaptada a la realidad catalana". El reto es elevado y dificultoso, ya que en la Administración de Justicia tienen competencias directas la Generalitat, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, y se admite que actualmente "la percepción generalizada de los ciudadanos es que la justicia es lenta, poco accesible, lejana, y excesivamente formalista".

El Departament de Justicia, que encabeza Lourdes Ciuró, detalla que la Mesa del Pacto Nacional por la Justicia se constituirá a finales de este mes julio, en un acto presidido por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y que durante todo este año se harán los trabajos para las propuestas de mejora del servicio público de justicia. El objetivo es que a principios de 2023 se realice la firma del Pacto Nacional por la Justicia, con un documento único que recogerá los compromisos adquiridos entre todos los actores. El acuerdo de hoy se enmarca en la moción aprobada el  noviembre de 2021 por el Parlament de Catalunya que instaba al Govern a constituir un pacto catalán por la justicia. Precisamente, una de las recientes acciones del Departament de Justicia ha sido iniciar una campaña y acciones para que el uso del catalán sea normalizado entre todos los operadores jurídicos que actúan en Catalunya.

Los integrantes de la Mesa

El acuerdo de este martes fija que la primera reunión de la Mesa se hará este mes de julio y en esta reunión se definirán cuántos grupos de trabajo se integrarán en la Mesa y en qué ámbitos específicos de la justicia trabajarán. Por parte del Govern, formarán parte: el presidente de la Generalitat, que ejercerá la presidencia; la consellera de Justicia, que asumirá por sustitución la presidencia de la Mesacuand o no asista el presidente; y la participación como vocales de los titulares de Vicepresidencia de Govern y Políticas Digitales y Territorio; de la Presidencia; de Empresa y Trabajo; de Economía y Hacienda; de Igualdad y Feminismos; de Investigación y Universidades; de Salud; de Interior; de Derechos Sociales; y de Cultura.

Aparte del Govern, también formarán parte la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, la Oficina Antifraude, la Asociación Catalana de Municipios, la Asociación de Micropueblos de Catalunya, el Consejo de Gobiernos Locales, el Ayuntamiento de Barcelona, el Consejo de la Abogacía Catalana, los colegios de abogados, el Consejo de Colegios de Procuradors de Catalunya, los colegios de procuradores, el Colegio Oficial de Notarial de Catalunya, el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya, los colegios de graduados sociales de Catalunya, las universidades catalanas con grado en derecho, Foment de Trabajo, PIMEC, el Consejo General de Cámaras, las organizaciones sindicales más representativas de la Administración de justicia, la Asociación de Profesionales de la Mediación de Conflictos de Catalunya, Òmnium Cultural, Plataforma per la llengua, Jóvenes Abogados de Catalunya, Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos, los grupos parlamentarios (7) y la Comisión de Justicia del Parlamento de Catalunya.

Quedan fuera el Poder Judicial porque -se asegura- que así lo indicó la moción del Parlament y los órganos de control estatutarios. No obstante, el Departament de Justicia se afirma que se les irá informando del avance de los trabajos y de las propuestas que se planteen.