Marcha atrás del Govern. La conselleria de Acción Climática se ha visto obligada a ceder a la presión de los ayuntamientos del Arco Metropolitano y rebajar sus propias expectativas. El nuevo plan de calidad del aire, que tiene que regular la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Catalunya, ya empieza a contemplar la flexibilización de algunos plazos con el fin de ganar el apoyo del resto de actores. Y eso es precisamente lo que ha pasado con las etiquetas ambientales B. Según ha adelantado El Periódico, la Generalitat ha decidido aplazar un año la fecha de entrada de las restricciones para los vehículos con la etiqueta amarilla en la ZBE. Así, en lugar de iniciarse el 1 de enero de 2026, la previsión es que empiece el 1 de enero de 2027.
Será entonces cuando empiece a limitarse la circulación de estos vehículos diésel matriculados entre 2006 y 2013, mientras que la prohibición total pasará a ser el 1 de enero de 2028, de manera que también se aplaza un año su entrada en vigor. El calendario, de hecho, ya suma un año y medio de retraso por los desacuerdos que han generado hasta ahora las negociaciones con los actores implicados.
Además, el Govern también ha cedido en otros puntos. Así, la regulación catalana permitirá configurar otras zonas de bajas emisiones de carácter supramunicipal sin tener que cumplir la exigencia del 25% de superficie mínima de suelo urbano residencial. Este porcentaje hasta ahora se exigía para cada municipio, y con la modificación podrá computarse en el global del área supramunicipal que se delimite como ZBE.
Críticas de los ayuntamientos
Son diversas las ciudades que habían evidenciado su enfado con la apuesta del Govern, ubicadas en la región metropolitana de Barcelona. Badalona, por ejemplo, había pedido retrasar las restricciones para los vehículos con etiqueta B dos años, de manera que la decisión del Departamento de Acción Climática supone un punto intermedio en este sentido. También los municipios de la asociación Arco Metropolitano —que incluye Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Sabadell o Mataró, entre otros— habían criticado las intenciones del ejecutivo para no contar con el apoyo del territorio. Estas son precisamente las ciudades con una proporción más elevada de coches bajo la lupa: más de la mitad de los automóviles totales se verían afectados por las restricciones.
Hace unas semanas, los alcaldes del Arco Metropolitano ya reclamaron al Govern la retirada del decreto de la ZBE después de rechazar que este "traspase exclusivamente la responsabilidad a los ayuntamientos". Durante el encuentro con la directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Mireia Boya, le trasladaron las disconformidades creadas a raíz de la presentación del proyecto de Decreto del Plan de Calidad del Aire, y con la necesidad de acercar posiciones con respecto a la implantación de las ZBE a los municipios del Arco Metropolitano.
Por eso, los alcaldes y alcaldesas del Arco Metropolitano se mostraban "contrarios a la redacción tal como está este decreto" que, como ya le trasladaron por carta al conseller David Mascort, generaría una clara invasión de competencias municipales. Entre otros aspectos, argumentaban, no respetaba la especificidad de los municipios de la segunda corona metropolitana por las grandes vías de comunicación de alta capacidad que atraviesan el territorio y el déficit estructural de transporte público que sufren sus municipios, y que la Generalitat de Catalunya no ha sabido solucionar en la última década.