El Parlament ha aprobado finalmente este jueves la reforma por la cual los funcionarios de prisiones tendrán la condición de agentes de la autoridad, equiparándolos con los Mossos d'Esquadra. Se trata de una proposición de ley del PSC que ha recibido el voto favorable de Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana. Los grupos de ERC, los Comuns y la CUP consideran un "retroceso" la reforma aprobada y han alertado de que la medida "no aportará ninguna solución" a la situación de los centros penitenciarios. La iniciativa, tramitada por el procedimiento de lectura única, nació a raíz del asesinato a manos de un interno de Núria López, cocinera en la prisión de Mas d'Enric
La reforma aprobada, con un artículo, reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal funcionario y directivo de los centros penitenciarios que trabajan en funciones de régimen interior. El objetivo, según el texto, es "dar seguridad y protección jurídica" a estos trabajadores. También recoge la obligación de la Generalitat de indemnizarles en caso de lesiones y daños materiales en el ámbito de su trabajo, siempre que no haya dolo o negligencia.
"Espacios seguros"
La diputada del PSC Judit Alcalá ha defendido que se trata de una iniciativa "muy necesaria, rigurosa y profundamente responsable, que no nace de la improvisación ni del ruido, sino de la realidad de nuestro sistema penitenciario, la experiencia acumulada en los centros y el diálogo constante con los trabajadores". Por parte de Junts, Francesc de Dalmases ha sostenido que "las prisiones deben ser el espacio donde (los internos) adquieran hábitos y habilidades sociales para insertarse". Por ello, ha añadido que "deben ser espacios seguros, de convivencia, de rehabilitación e inserción", y que "los funcionarios son una figura clave en este mapa".
Rechazo de ERC, los Comunes y la CUP
Los grupos de ERC, Comuns y CUP, que habían presentado sin éxito una enmienda a la totalidad conjunta, han votado en contra de la reforma. La diputada Ana Balsera ha alertado de que la medida "no es la solución" y que no se trata de enfrentar a funcionarios contra internos. A su parecer, "la ampliación de poder puede generar más problemas y conflictos que los que pretende resolver". En la misma línea, el diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha señalado que "considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad puede tener consecuencias negativas en el día a día de los centros". Considera que "hay muchos más riesgos que posibles beneficios". Para el diputado de la CUP Xavier Pellicer la medida "solo generará más impunidad y vulneraciones de derechos". Ha denunciado que "responde únicamente a presiones corporativistas y no aportará ninguna solución a las prisiones catalanas".