La Fiscalía ha anunciado que vigilará que los ayuntamientos adopten medidas de prevención de incendios forestales, según un oficio que ha enviado al fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, a todos los fiscales delegados, este lunes. En concreto, Vercher indica que se controle "la obligación de tener Planes de Prevención de Incendios por partes de los ayuntamientos, que en su término tengan superficie forestal y en los supuestos regulados por las legislaciones autonómicas". Además, insiste en que se mantengan las pautas de actuación que se desarrollaron en la instrucción 9/2005 del Fiscal General del Estado (FGE), y de los sucesivos oficios. El fiscal de Medio Ambiente ha destacado la importancia de que se cumpla toda la normativa, sobre todo en las restricciones de la quema de restos vegetales agrícolas cuando "un importantísimo número de los incendios forestales que dan lugar a procedimientos penales en el país se produce a consecuencia de este tipo de prácticas".

La Fiscalía expone que en el primer trimestre de 2023 ya se han producido grandes incendios que han superado las 500 hectáreas, según los datos del Ministerio por la Transición Ecológica, que cifra el total de siniestros en 2.408, sin incluir los fuegos declarados en el Principado de Asturias, con más de 41.000 hectáreas afectadas, hecho que evidencia que un año más este problema aumenta. En la Catalunya Norte se registró un incendio quemó más de 800 hectáreas, el abril pasado. En este sentido, la Fiscalía expone que tanto el Seprona como los agentes rurales han aportado mensualmente al fiscal de sala coordinador, datos sobre las personas detenidas o investigadas por delitos de incendios forestales, así como datos sobre localización de puntos de riesgo alto de incendios, con la colaboración de la Policía Local.

Las peores cifras, en el 2022

En este sentido, la Fiscalía recuerda que el año 2022 fue uno de los peores años desde que se tienen registros de los efectos de los incendios forestales. En comparación con la media de los últimos 10 años, la superficie forestal afectada casi triplicó la media. No obstante, el número total de siniestros (incendios más conatos) se mantuvo próximo a esta media, y fue ligeramente inferior con un total de 10.503 hectáreas, según la Fiscalía. 

La Fiscalía también pide, que se mantenga el control de vertederos, líneas eléctricas, líneas de ferrocarril, zonas recreativas e incluso campamentos infantiles y juveniles situados en terrenos forestales, que impidas el riesgo de incendio forestal y se informe a los fiscales delegados por parte de agentes del Seprona de la Guàrdia Civil como por parte de agentes forestales de cada territorio. Así, precisa, la Fiscalía ha de oficiar a las administraciones o propietarios de las zonas la existencia de estos puntos de alto riesgo y que tomen las medidas adecuadas.

 El objetivo -se indica- es que "los fiscales tengan la información precisa y adecuada sobre las previsiones de incendios,  a efectos de coordinación y actuación con las autoridades e instituciones competentes". En Catalunya, hay cuatro áreas especializadas de la Fiscalía de Medio Ambiente, repartidas por las demarcaciones de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida.

 

En la foto principal, un incendio en Bonastre, el mayo pasado. / Foto: ACN