La Fiscalía Superior de Catalunya ha decidido archivar la investigación por supuesta malversación de fondos públicos contra 167 alcaldes independentistas que el 7 de noviembre del año pasado viajaron a Bruselas para encontrarse con el presidente Carles Puigdemont. El encuentro, organizado por el AMI y l'AMC, también contó con la asistencia de eurodiputados y otros exmiembros del Gobierno. El ministerio público concluye que el viaje fue pagado con dinero de los propios alcaldes o sus grupos municipales y de las dos entidades municipalistas.

Dos días después del acto, un vecino de León interpuso una denuncia delante de la fiscalía, igual que la Plataforma por el Respeto, la Igualdad y la Justicia. Días después, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas también se interesó por el asunto, ya que el Ministerio de Hacienda había pedido explicaciones.

 


El 15 de noviembre, el comisario jefe de la Brigada provincial de Información de la policía española en Catalunya, remitió en la Fiscalía Superior un informe policial sobre el viaje. El coste total del viaje era de 62.900 euros y se explicaba que algunos alcaldes habían asegurado a los medios de comunicación que el coste del viaje lo había asumido su respectivo consistorio, ya que se trataba de un acto institucional.

El coste del viaje

A raíz de eso, la Fiscalía Superior pidió al ACM que le especificara los diversos gastos y como se habían sufragado. La entidad respondió de que el viaje lo había organizado conjuntamente con el AMI y que consistió en la contratación de un vuelo chárter y el alquiler de la sala donde se celebró el acto. Cada alcalde hizo una transferencia por valor de 300 euros para el vuelo, pagando de su bolsillo o a través del grupo municipal, y la diferencia, 13.770 euros, la pagó la ACM con sus propios fondos. El alquiler del local, 13.322 euros, lo pagaron a medias el ACM y el AMI. Los gastos de manutención en Bruselas se los pagó cada alcalde.

Sólo un ayuntamiento, el de Cerdanyola del Vallès, pagó el viaje inicialmente, "ante la creencia inicial por parte de su alcalde de que se trataba de gastos de representación". No obstante, el alcalde devolvió el dinero al consistorio el 11 de enero.

Por todo eso, la fiscalía considera que el viaje se pagó con dinero privado, y que sólo en un caso, ya arreglado, un consistorio pagó 300 euros. El ministerio archiva la investigación y comunica a los denunciantes que pueden reiterar la denuncia ante los juzgados.