El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha expresado este viernes su preocupación por la "extensión" de armas entre bandas y grupos organizados, por lo que ha pedido abrir una reflexión sobre si la respuesta penal ante este fenómeno es "lo suficientemente contundente", según informa Efe. En su discurso de inauguración del año judicial en Catalunya, que ha encabezado junto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, Bañeres ha lamentado la agresión a dos guardias civiles que han resultado heridos de gravedad esta noche en un tiroteo en Terrassa cuando perseguían a unos ladrones.
En cuanto al tiroteo, el agente más grave ha recibido cuatro impactos, dos en el abdomen, uno en la pierna y otro en el brazo, efectuados con una escopeta, según las primeras informaciones. Ha sido trasladado al Hospital Parc Taulí de Sabadell, donde ha ingresado para ser operado y está fuera de peligro, según informa ElCaso.cat. Ante esta noticia, el fiscal superior de Catalunya ha alertado sobre "la extensión de la cantidad de armas en manos de bandas y organizaciones criminales, tanto de fuego como blancas". Ante este fenómeno, ha pedido abrir "una reflexión" en torno a si "la respuesta penológica" por la tenencia de armas es "suficientemente contundente" en España. Es decir, que Bañeres apuesta por incrementar las penas.
Propuesta del Govern
Precisamente, el president Salvador Illa anunció este miércoles en el Parlament que el PSC presentará una proposición de ley, que después deberá ser remitida al Congreso de los Diputados, para modificar tres artículos del Código Penal con el fin de endurecer las penas por tenencia ilícita de armas. Junts hace tiempo que reclama al president de la Generalitat más medidas de seguridad en el país.
En concreto, los socialistas proponen que, en el caso de armas prohibidas o modificadas, las penas —que recoge el artículo 563— pasen de los actuales de entre 1 y 3 años de prisión hasta entre 2 y 4 años. En el caso de armas cortas sin licencia, la iniciativa plantea incrementar de los actuales de entre 1 y 2 años que marca el artículo 564 a entre 18 meses y tres años, mientras que, en armas largas, la condena subiría de entre 6 meses y un año a una horquilla de 6 a 18 meses.
El derecho a la vivienda
Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha pedido a los parlamentarios "herramientas sólidas" para que los jueces puedan dar respuesta a la crisis de la vivienda, con una "mirada amplia y justa" para garantizar todos los derechos. Caso ha dedicado parte de su discurso de inauguración del año judicial en Catalunya al derecho a la vivienda, coincidiendo con el debate de los decretos antidesahucios en el Congreso, provocados por la protesta social en todo el Estado español fruto del caso de Maricarmen, una mujer mayor desahuciada judicialmente a petición de un fondo buitre.