Más de un millón y medio estudiantes catalanes empiezan este viernes las vacaciones de verano escolares. Se acaba así, un curso marcado por el pacto contra la Segregación Escolar, la reforma de la FP empleada, las protestas por la falta de plazas públicas y la ya habitual polémica para|por el modelo lingüístico catalán.

Pacto contra la Segregación Escolar

El curso en que la LEC celebra el décimo aniversario se ha caracterizado por la firma del Pacto contra la Segregación Escolar, una iniciativa del Síndic de Greuges para mejorar la equidad y la igualdad de oportunidades en la escuela pública catalana. El acuerdo recibió el apoyo|soporte del Departamento, más de un centenar de ayuntamientos, y agentes de la comunidad educativa pero no del sindicato USTEC-STEs, ni de todos los partidos político ni de las familias. Con el Pacto, Educación y ayuntamientos se comprometían a emprender medidas para garantizar un mejor reparto del alumnado, como modificar las zonas escolares o un nuevo decreto de admisión, una de las medidas en las cuales ya trabaja el Departamento.

Reforma de la FP empleada

Después de las dos huelgas contra los recortes, el 29 de noviembre y el 16 de mayo, los sindicatos tampoco han parado y las últimas semanas de curso han liderado las protestas por la reforma del FP Dual y la unificación de currículums, unos cambios que no fueron bien recibidos por la comunidad educativa. El Departamento anunció en el mes de marzo que modificaba el modelo de FP Dual y unificaba los currículums de cada ciclo, pero una vez la resolución fue publicada en el DOGC, en el mes de mayo, se configuraron la plataforma Defendemos el FP para parar unas modificaciones que consideraban que perjudicaban los alumnos al reducir el número de horas lectivas en los centros. También se temían un recorte en la plantilla de profesorado. A las críticas también se sumó la patronal. Después de protestas y reuniones, el Departamento anunció la semana pasada que detenía la implantación de la reforma y confiaba al llegar a consensos con los agentes implicados el próximo curso.

Familias movilizadas por la falta de plazas públicas

Como ya va siendo habitual, el final del periodo de preinscripción ha generado tensiones entre las familias que no podían optar en una plaza pública de proximidad a ciudades como Barcelona o Igualada y la administración. Las familias, organizadas en plataformas, han salido a la calle para denunciar que ''el educación no es un sorteo'' y lamentar que la planificación del Departamento no los garantiza poder entrar en la escuela pública del barrio. Durante este periodo, en que el Departamento ha garantizado no asignar de oficio ninguna familia en centros conciertos si no habían incluido esta opción a su preinscripción, el Gobierno ha aprobado el decreto que regula el cambio de titularidad de escuelas concertadas a públicas, que ya prevé la LEC.

En otro ámbito, la movilización de las familias también paró, el mes de diciembre, el cambio del decreto de comedores, después de la opción de aprobar un texto que no garantizara, según las AMPA que el servicio de comedor pudiera gestionarse directamente a través de las asociaciones de familias. Educación abrió un procés participativo para conocer las necesidades e inquietudes de toda la comunidad educativo.

El TC avala al modelo lingüístico catalán

En el terreno político, el TC ha avalado este curso el régimen lingüístico establecido en la LEC. En una sentencia conocida el 25 de abril, el alto tribunal declaró constitucionales los artículos de la ley catalana sobre el régimen lingüístico que el PP recurrió en el 2009. Aprobaba, por lo tanto, que los alumnos que se incorporan al sistema educativo sin conocer el catalán reciban una atención lingüística personalizada que les permita iniciar el aprendizaje en esta lengua, siempre que "no "excluya" que también la reciban con "carácter similar" aquellos que no conozcan el castellano. En cambio, en esta misma sentencia, el TC anuló artículos referentes a la regulación de Primària y Secundària, que considera que es una ''reformulación simplificada de la legislación básica estatal, y a los cuerpos docentes'', ya que prevé que ''no pueden alterar la estructura de los cuerpos de funcionarios'' establecida por la legislación básica.