La intromisión del gobierno de Donald Trump en el caso de la catalana Noelia Castillo, la joven de 25 años que el pasado jueves recibió la eutanasia después de dos años de lucha judicial, ha causado indignación en el Gobierno español y catalán. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido directamente al presidente estadounidense a través de una publicación en inglés en su cuenta de la red X. La ministra ha pedido a Trump “que deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio”. García es la primera miembro del ejecutivo de Pedro Sánchez que ha reaccionado a la información que ha publicado The New York Post, según la cual, el Departamento de Estado estadounidense instruyó a la embajada de los Estados Unidos en Madrid que abriera una investigación “sobre la actuación de las fuerzas de seguridad españolas en relación con los repetidos ataques sexuales contra Castillo —incluidas violaciones en grupo que vincula a jóvenes migrantes no acompañados—, que culminaron en su trágica muerte”. También se indicó a altos cargos de la embajada estadounidense que trasladaran al Gobierno la “seria preocupación” de la Administración Trump por los “numerosos fallos sistémicos en materia de derechos humanos”. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que era ministro de Sanidad del Gobierno cuando se aprobó la ley en 2021, también había defendido "el derecho a una muerte digna después de aprobar uno de los marcos legales más avanzados y ejemplares del mundo".

La Administración Trump ha dado crédito a las informaciones falsas difundidas por sectores ultras vinculados a Vox y a Abogados Cristianos, que vincularon la decisión de Noelia de querer un suicidio asistido a una violación múltiple en un centro tutelado por parte de menores extranjeros no acompañados. Una afirmación negada por la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya. La Administración Trump muestra su preocupación por posibles “fallos en el sistema de protección de vulnerables” y cuestionó la aplicación de la ley de eutanasia en casos de sufrimiento no terminal o condiciones psiquiátricas. Además, indicaron que la joven había mostrado “dudas” sobre su decisión, pero que estas habían sido ignoradas, cosa que no se ajusta a la realidad.

Es por eso que Mónica García ha salido en defensa de la actuación del sistema sanitario y el marco jurídico español, y ha reprochado a Estados Unidos y a Donald Trump que alegue todas estas razones cuando son precisamente ellos los que vulneran los derechos humanos. “En Estados Unidos mueren cada año miles de personas sin seguro médico, mientras Trump apoya y ejecuta vulneraciones de derechos humanos entre Gaza e Irán. Que deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio”, escribe García en su publicación, que termina con una férrea defensa del sistema y los valores del Estado español. “España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente en contextos regulados por ley, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales”.

Noelia Castillo solicitó formalmente su solicitud de eutanasia ante la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC), el órgano que supervisa la aplicación de la ley, y fue aprobada por unanimidad, al considerar que cumplía los requisitos legales: situación clínica no recuperable, dependencia grave y sufrimiento crónico e imposibilitante. Pero, en agosto de 2024, la fundación ultracatólica Abogados Cristianos consiguió detener en el último momento la eutanasia de Noelia, mediante un recurso que presentó en nombre del padre de la chica. El periplo judicial duró dos años, pero médicos y tribunales de justicia apoyaron su voluntad, a pesar de la oposición de su padre y del colectivo ultracatólico, que intentaron detener el proceso por diferentes vías judiciales hasta el último momento.