El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona ha recluido hoy al primer interno, una semana después de su reapertura, en plena polémica con el Ajuntament de Barcelona por su veto en esta instalación.

Según han informado a Efe fuentes próximas al ámbito de la extranjería, el interno que hoy ha ingresado en el CIE, a la espera de ser extraditado, lo ha hecho por orden judicial. Se trata de un inmigrante con antecedentes por maltrato en el ámbito familiar y ruptura de condena, según las fuentes consultadas.

Después de nueve meses para emprender unas obras de mejora a instancias de la comisión judicial que se encarga de controlar las condiciones de esta instalación, el Gobierno acordó reabrir el CIE de la Zona Franca el jueves pasado 7 de julio, poco después de que el Ajuntament de Barcelona anunciara que vetaba su reapertura porque no disponía de licencia de actividad.

En pleno pulso con el Ajuntament de Barcelona, liderado por Ada Colau, el Gobierno reabrió el CIE aquel mismo día, una vez acabadas las obras iniciadas en noviembre de 2015 para dignificar las condiciones de los internos, inmigrantes sin papeles que esperan su expulsión de España.

Después del anuncio del Gobierno, el equipo de Ada Colau advirtió que si el CIE volvía a acoger internos, como paso previo para su expulsión de España, usaría los mecanismos legales previstos y tomaría medidas "coercitivas", como la imposición de multas o incluso el precinto del edificio, situado en un complejo de la Policía Nacional en la Zona Franca.

Precisamente, inspectores del Ajuntament han intentado dos veces -lunes pasado 11 de julio y ayer- acceder al CIE, para comprobar si ya acogía internos, aunque no se les permitió entrar en ninguna de las dos ocasiones, porque no son personal autorizado.

Después de la negativa de ayer, el Ajuntament de Barcelona anunció que presentará una demanda al juzgado contencioso administrativo para que el juez autorice una inspección municipal en el CIE.

La reapertura la semana pasada del CIE, un centro que cuenta con el rechazo de organizaciones que defienden los derechos humanos, fue comunicada previamente en los juzgados de instrucción 1 y 30 de Barcelona, encargados del control de este centro, al fiscal de extranjería, quien igualmente supervisa el local, así como el juez decano de Barcelona.

En junio de 2015, meses antes de que el CIE cerrara por obras, el Parlament aprobó una propuesta, aplaudida por varias ONG, que instaba al Gobierno a cerrar esta instalación, para sustituirla por medidas cautelares alternativas, como la presentación periódica ante la autoridad o la libertad vigilada.

El CIE de la Zona Franca está situado en un edificio de la Policía Nacional desde 1992 y tiene licencia como comisaría de policía, enfermería de animales, galería de tiro y cafetería, por lo que, según el Ajuntament de Barcelona, sólo podría reabrir si en el futuro obtenía la licencia de residencia para un colectivo de personas y cumplía con los requisitos de seguridad.

Además de desoír el veto de Colau, el Gobierno anunció que los servicios jurídicos del Estado recurrirán la resolución del consistorio de Barcelona que ordena el cese de la actividad del CIE.

Entre enero y noviembre de 2015 -en este último mes se iniciaron las obras de remodelación-, el CIE de la Zona Franca tuvo un total de 738 internos -por no disponer de los papeles de residencia en España-, de los cuales 437 contaban con antecedentes penales, con un periodo medio de estancia de 25 días.