El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dejado a un paso del juicio al conseller de Empresa i Treball y expresidente del Parlament, Roger Torrent, y a tres exmiembros más de la Mesa de la cámara catalana por haber permitido debatir resoluciones sobre la monarquía y la autodeterminación en noviembre del 2019. La magistrada instructora, una vez concluida la investigación, ve indicios de desobediencia en la actuación de Torrent, del exvicepresidente primero Josep Costa, el exsecretario primero, Eusebi Campdepadrós y la exsecretaria cuarta Adriana Delgado.

Torrent y la Mesa declararon como investigados el 15 de septiembre. Fue el día en que Josep Costa decidió desobedecer y no ir a declarar, por lo cual lo detuvieron el 27 de octubre pasado. En su querella, la Fiscalía los acusa de desobediencia por haber admitido a trámite y permitido que se debatiera en el pleno el texto de dos resoluciones, el 12 y el 26 de noviembre. En la primera constaba un compromiso con el ejercicio del derecho a la autodeterminación, mientras que la segunda, una resolución de respuesta a la sentencia del Supremo por el 1-O, reiteraba la reprobación del Rey.

El ministerio público recordaba en su escrito que la sentencia del TC del 2 de diciembre de 2015 declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlament del 9 de noviembre del 2015 sobre el inicio del procés político en Catalunya a consecuencia de los resultados del 27-S. El TC acordó la suspensión de las resoluciones parlamentarias y recordó a la Mesa su deber "de impedir y paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada" y les advirtió que podían incurrir en responsabilidades, incluida la penal, si lo incumplían. En su escrito, la Fiscalía consideraba que los cuatro querellados incumplieron esta sentencia al permitir los dos debates.

En el caso del debate sobre autodeterminación, el 28 de octubre del 2019 la CUP-CC registró una moción donde se expresaba la voluntad del Parlament "de ejercer de forma concreta el derecho de la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán". El 29 de octubre la Mesa la admitió a trámite, el 5 de noviembre se desestimaron las peticiones de reconsideración del PPC, PSC y Cs y el 12 de noviembre se debatió y aprobó en el pleno. La Fiscalía recuerda que el mismo 12 de noviembre el TC había admitido a trámite un incidente de ejecución por el incumplimiento de las providencias y que se notificó a los afectados su "deber" de impedir la iniciativa.

 

 


En el caso de la segunda resolución, sobre la reprobación del Rey, la Fiscalía recuerda que el 22 de octubre JxCat, ERC y CUP-CC registraron la propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Supremo que incluía una declaración que afirmaba que "el Parlamento reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas la reprobación de la monarquía". La Mesa lo admitió a trámite, el 29 de octubre se desestimaron las peticiones de reconsideración y el 12 de noviembre se debatió y aprobó en el pleno.

La Fiscalía recuerda que en la sentencia de 17 de julio del 2019 el TC ya había declarado inconstitucionales y nulos unos apartados de una resolución del Parlament en los que ya se reprobaba la actuación del Rey en relación al procés. En una resolución posterior ―25 de julio del 2019― se volvía a reiterar la reprobación al Rey, y el 18 de diciembre el TC declaró nulos otra vez estos incisos.

De hecho, la resolución del Parlament de respuesta a la sentencia ―la segunda que motivaba la querella― también incluía una defensa del derecho a la autodeterminación, con el compromiso que "el Parlament reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas (...) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya".