La situación política en Catalunya y las acusaciones de adoctrinamiento que han sufrido algunos docentes han afectado a la libertad de expresión de los maestros y profesores. Así lo corrobora una encuesta de la Fundació Bofill que pone de manifiesto que un 29,3% de los docentes ha dejado de tratar la actualidad política y social en el aula por qué no sabe ''como se interpretará''. Aunque el 70% de los profesores cree que su obligación es abordar estas cuestiones en el aula, sólo un 12,4% reconoce hacerlo con ''toda normalidad''. Con respecto a las familias hasta un 70% considera que son temas que hay que tratar en el aula educativamente, pero casi el 27% prefiere que no se aborde, buena parte por miedo a que los docentes trasladen sus creencias al alumnado.

La encuesta se ha llevado a cabo a 2.666 docentes y 9.794 padres y madres precisamente para conocer su opinión en torno a la polémica que ha generado la situación política en Catalunya en el sí de la escuela, con acusaciones judiciales y presión mediática que ha condicionado la tarea de los maestros y profesores.

Los resultados corroboran que el 29.3% de los docentes dice que le gustaría trabajar educativamente la actualidad social y política en el aula, pero que ''últimamente'' lo evita porque no sabe cómo se interpretará, cosa que desde la Fundació Bofill puede indicar ''autocensura'' o ''miedo'' derivada de las acusaciones y la presión judicial y mediática que ha sufrido el colectivo. En cambio, un 28.7% de los docentes aprovecha los acontecimientos para trabajar el desarrollo del criterio propio de los alumnos y sólo un 12,4% afirma hablar con ''normalidad'' de las cuestiones políticas y sociales ''como hacían antes''.

Un 12,2% de los docentes se muestra contrario a hablar de estos temas en la escuela porque, en un 5% considera que son temas ''muy delicados que generan división'' y en un 3,3% más, considera que son debates ''que no tocan en la escuela. Hasta un 4% opina que los niños se tienen que mantener al margen de estos debates.

Con respecto a las familias, en un 70% de los casos se muestran partidarias en que las controversias políticas y sociales se tienen que abordar a la escuela. Hasta el 54% de los padres y madres defienden que la situación en Catalunya es una ''oportunidad educativa'' para que los alumnos desarrollen uno ''criterio propio''. Un 15,6% más cree que el docente ''tiene el deber'' de trabajar educativamente estos temas ya que forman parte de la vida de los niños y jóvenes.

En cambio, un 26,7% de las familias se opone a abordar cuestiones políticas en el aula. En un 13% de los casos es para evitar que los docentes trasladen sus creencias a los alumnos y un 10% más, lo considera ''por no abundar en las diferencias''. Sólo un 3.7%dels progenitores considera que son temas que pertenecen al ámbito familiar.

"El maestro tiene que ser imparcial, no neutral"

El profesor de la Facultat d'Educació Enric Prats ha calificado de ''mala noticia'' el porcentaje de profesores que reconoce autocensurarse pero cree que es uno ''buena noticia'' que hasta el 70% reconozcan que se tiene que poder hablar y tengan el apoyo de las familias. Para Prats la ''polarización'' de la situación actual ha propiciado que el maestro ''se haga atrás'' pero apuesta por pensar la educación como un trabajo de grupo, no individual, y por lo tanto, llegar a encontrar el equilibrio donde se pueda revertir el clima actual.

Para Prats es ''bastante ingenuo'' pensar que la escuela catalana adoctrina y defiende que si es ''en clave democrática, ya está bien''. Por eso atribuye a los docentes un papel de ''mediador'', y pide que asuma una ''cierta capacidad de influencia de cara a los jóvenes'' pero sin ''ningún miedo'' sino intentar aprovecharlo para ''ampliar la base'' y enseñar a ''leer al mundo''. De hecho, para Prats, esta función la tiene que hacer en la escuela, no en ningún otro espacio social.

En este sentido, cree que el maestro tiene que ser ''imparcial, no neutral'' y por lo tanto, no imponer su posición pero si mostrarla. Así, puede trabajar temas en clase que tengan vigencia en la vida actual de los jóvenes, porque para Prats, la escuela no puede vivir de espalda a la realidad. Que un porcentaje de familias pida evitar estos debates en el aula por miedo a la imposición del criterio del maestro, dice Prats, recuerda modelos autoritarios y dogmáticos y por eso, apuesta por ''imponer principios en clave democrática''.

También cree que la función del Departament en estos casos es garantizar que los docentes puedan llevar a cabo su tarea y crear las ''condiciones favorables''. Por lo tanto, hace falta que impida que ''los abogados entren en las aulas'' y también la ''política perversa''. Para Prats, la escuela no se puede utilizar como ''material sensible'', un hecho que califica de intolerable. Prats que reconoce que la intervención ha ligado ''de manos y pies'' el Departament, cree que tendría que intentar proteger más de lo que lo está haciendo esta función de la escuela.