La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia ha pedido al juez que revoque libertad condicional al padre del bebé de dos meses de Pineda de Mar, en el Maresme, muerto este lunes a causa de supuestos maltratos.

Este mediodía se ha hecho un minuto de silencio delante del Ayuntamiento de Pineda. El hombre, de 21 años, está libre con medidas cautelares como la prohibición de salir del país.

Pero el juez ni tan solo ha sido avisado de que el bebé, que llevaba 10 días que estaba ingresado en la UCI de Vall d'Hebron con coma inducido, murió ayer.

De hecho, el titular de instrucción 3 de Arenys de Mar pidió la información médica sobre el bebé el 14 de enero, cuando le traspasaron el caso, y a estas alturas todavía no ha recibido ningún informe.

El juez acordó la práctica de una decena de diligencias, mayoritariamente información de carácter sanitario, para poder tomar una decisión sobre el caso, pero en una semana no ha recibido nada aunque la información pendiente "ha sido requerida bajo advertencia".

El juzgado 3 de Arenys de Mar recibió el caso después de que el juzgado de instrucción 4, que es el que estaba de guardia, resolviera la detención y dejara el libertad al padre. Hoy, en un comunicado el juzgado ha expuesto que "queda a la espera de recibir la información necesaria para avanzar en la investigación".

Mientras tanto la DGAIA ha pedido ya la prisión del acusado. Durante su declaración ante el juez reconoció haber sacudido al bebé para despertarlo cuando estaba inconsciente. La DGAIA también investiga si se cumplieron los protocolos sobre maltratos, ya que el menor fue atendido en diferentes centros sanitarios antes de ingresar, el 4 de enero, en el Hospital Vall d'Hebron, donde murió este lunes.

Ayuntamiento, DGAIA y síndico

Tanto el Ayuntamiento de Pineda de Mar, donde vivía la familia, como la DGAIA se presentarán como acusación particular.

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias "ha abierto un expediente de información reservada para evaluar el cumplimiento de los protocolos de detección y comunicación ante situaciones de maltrato en el caso del bebé muerto presuntamente por el maltrato de su padre. Y si se mujer la circunstancia de que no se han cumplido los criterios se pedirán responsabilidades".

Según el "síndic de greuges", Rafael Ribó, ha habido problemas "de información y de comunicación". En las próximas semanas quiere presentar una resolución reclamando un protocolo específico sobre los derechos de los bebés y su protección en maltratos.

Aunque ya hay un protocolo específico, que se activa cuando se detecta un caso de posible maltrato a partir de un ingreso hospitalario, en este caso no fue así.

El niño ingresó el 27 de diciembre en el Hospital de Calella y una enfermera alertó a los Servicios Sociales. Pero no fue hasta que el bebé volvió al hospital por segunda vez, unos días más tarde, y se lo trasladó al Vall de Hebron, que alertó a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), la Fiscalía de Menores y los Mossos d'Esquadra, tal como corresponde en los casos considerados graves.