El juicio de cuatro acusados por falsificación de moneda ha destapado una red que compra los billetes en la ciudad italiana de Nápoles para distribuirlos por todo el Estado español. La sede de la compañía fraudulenta en España se encuentra en el barrio de Nou Barris de Barcelona, según ha informado este miércoles un sargento de los Mossos d'Esquadra encargado de la investigación en la Audiencia de Lleida.

La investigación se remonta hasta el 3 de junio de 2016, cuando unos agentes registraron un vehículo que se encontraba en las inmediaciones de la estación de autobuses de la Pobla de Segur (Pallars Jussà). Los mossos encontraron detrás del asiento del conductor un sobre con 7.800 euros en billetes falsos de 100. Durante el registro, dos de los ocupantes del coche consiguieron huir mientras la policía estaba pendiente de un tercer compañero.

Los agentes, que sólo pudieron detener a este tercer miembro de la banda, se lo llevaron a comisaría. Una vez allí, el acusado recibió la llamada de uno de los ocupantes del coche fugados. Su compañero le pedía - como era joven y no tenía antecedentes- que dijera que el dinero era suyo. "Te pagaremos y te buscaremos un abogado", dijo el miembro fugado, según aseguraba el joven detenido.

Los mossos que eran con él en aquel momento han confirmado que el detenido recibió esta llamada y que les explicó molesto que le pedían que asumiera la responsabilidad. "Hablaban en árabe, así que fue él (el detenido) quien nos explicó el contenido de la conversación", ha explicado el sargento.

El resto de los ocupantes fugados pudieron ser identificados y detenidos en la misma Pobla de Segur. En la intervención de los teléfonos móviles, un cuarto miembro de la banda -que se encargaba de guardar y distribuir la moneda falsa- fue arrestado.

En el registro, los agentes pudieron comprobar que los billetes a pesar de tener un tacto diferente y números de serie repetidos, se podrían confundir en la calle fácilmente. La investigación no ha podido determinar todavía cuál es la persona de contacto con la rama italiana de la red y consideran que los detenidos forman parte de los miembros de la compañia en Catalunya. La fiscalía pide diez años de prisión para cada uno de los cuatro acusados.