La Central Sindical Independiente de Funcionarios ha presentado este miércoles una querella penal contra la consellera de Justicia, Ester Capella, por lo que consideran una gestión "nefasta" de la crisis de la Covid-19, acusándola de varios delitos, según ha informado el sindicato. La denuncia presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se extiende también contra Amand Calderó, secretario de Mesures Penals, a quien consideran corresponsable de la gestión de la epidemia en los centros penitenciarios catalanes.

La queja principal de los funcionarios, en la cual se basa la denuncia, es que el Departament de Justícia no proporcionó a los trabajadores de las prisiones material de seguridad ni estableció los protocolos adecuados para evitar contagios.

"Su gestión se ha saldado con decenas de funcionarios positivos y muchos otros afectados que han tenido que quedarse en su casa, en cuarentena preventiva", señala el comunicado del CSIF.

Con respecto a la falta de material de seguridad, el sindicato expone que desde el principio de la epidemia se prohibió llevar mascarilla porque el Govern quería evitar "alarma social" y que más adelante no se les facilitaron suficientes unidades de equipos de protección individual.

Otro de sus argumentos para atacar la gestión de Capella y Calderó es la falta de test diagnósticos hechos a un "colectivo esencial" como los funcionarios de prisiones. "Han tenido que transcurrir 60 días desde la declaración del estado de alarma para que se empiecen a hacer pruebas PCR para saber si son portadores de virus o no", añade el comunicado del CSIF.

Por otra parte, el sindicato se congratula del trabajo hecho por los funcionarios durante el estado de alarma: "Han evitado que estallara el polvorín de las prisiones catalanas, sofocando infinidad de altercados y desórdenes regimentales".

Finalmente, el texto del CSIF lanza, con cierta ironía, un ataque a la aplicación de la desescalada en las prisiones catalanas: "Más celeridad ha demostrado el comité de crisis (Procicat) al iniciar la desescalada en aquellos centros que se encuentran en regiones sanitarias que ya han accedido a la fase 1, aplicando medidas como la recuperación de las comunicaciones orales y el envío de paquetería".

Basándose todas estas quejas, la denuncia del CSIF pide a la Fiscalía que investigue los hechos y acusa a Capella y Calderó de haber incurrido en un delito contra los derechos de los trabajadores, un delito de desobediencia por no haber acatado los decretos gubernamentales del estado de alarma, un delito de lesiones por los positivos que ha habido entre el colectivo penitenciario y un delito contra la salud pública.