El decreto ley que regula los servicios de los VTC entrará en vigor este viernes. El Govern ha aprobado el acuerdo que pactó con los taxistas y que establece un tiempo mínimo de precontratación de 15 minutos y prohibe la geolocalización para este tipo de servicio.

Esta regulación pretende ser el primer paso de una "reforma estructural" del sector y tiene el objetivo de diferenciar los servicios del taxi y de los VTC. Según ha explicado el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, las medidas acordadas buscan garantizar que las empresas de alquiler de vehículos con conductor sean una "alternativa al taxi pero no una competencia desleal".

Calvet ha asegurado que el nuevo decreto ley es una oportunidad para la convivencia y la competitividad del sector y considera que los 15 minutos de precontratación son una condición "razonable y proporcional" que no supone un problema de viabilidad para las empresas de VTC.

"No queremos ceder ni al chantaje de las calles ni de los despachos", ha señalado el conseller, en referencia al inicio del proceso de despido de un millar de trabajadores que presentó este lunes la empresa Vector Ronda. Calvet se ha mostrado crítico con este anuncio por parte de la compañía de VTC y ha añadido que el Govern velará para garantizar los derechos de los trabajadores. Según el conseller, las empresas tendrán que demostrar que el decreto ley tiene un "efecto claro y directo sobre sus ingresos" con el fin de justificar la aplicación de un ERE.

Multas

Para poder controlar la aplicación de estas nuevas medidas, el Govern pondrá en marcha esta misma semana un registro para los VTC. Esta base de datos digital servirá para controlar el cumplimiento de los 15 minutos de precontratación y los conductores tendrán que informar a la Generalitat de todos los servicios realizados, con mención del lugar de origen y destino de los trayectos.

El conseller también ha aprovechado para recriminar al gobierno español la "chapuza administrativa" que propició la demanda "descontrolada" de licencias de VTC y ha pedido al Partido Popular y Ciudadanos que "dejen de "bloquear"" la tramitación del real decreto como proyecto de ley.

Regulación integral

El decreto aprobado este martes es el preludio de una reforma estructural que tiene que concluir en la elaboración de una ley de regulación integral que permita incluir medidas de "modernización" y adaptación del sector.

Uno de los puntos clave de la nueva normativa será conseguir controlar la transmisión de licencias, tanto de VTC como de taxi, para evitar la especulación. En este sentido, Calvet ha dejado abierta la posibilidad de establecer un sistema de retorno de los permisos una vez el particular o la empresa haya finalizado su uso. El propietario de la licencia recibirá una compensación proporcional al precio de mercado que fije el Govern, que saldrá de un fondo especial financiado a través de algún tipo de tasa que se impondrá a los VTC.