El Parlament de Catalunya votará este miércoles si convalida o no el decreto ley recientemente aprobado por el Govern donde se establecen medidas extraordinarias y urgentes para hacer frente a la situación de sequía excepcional en el ámbito del distrito de cuenca fluvial de Catalunya. El decreto solo regula las sanciones a los ayuntamientos que incumplan las dotaciones, pero no recoge ni una sola inversión para hacer más resiliente el abastecimiento en las áreas que ya están en estado de excepcionalidad, según alertan diversas fuentes. Es decir, un decreto que en lugar de aportar soluciones recoge sanciones. En virtud de este decreto, los ayuntamientos tendrán que abonar unos importes en concepto de sanción a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que, aparte de alimentar las arcas de la agencia, no tendrán el menor impacto en la mejora del estado de las redes municipales.

El debate llega a la Cámara Catalana en plena jornada del Día Mundial del Agua. Las fuentes consultadas apuntan que el ACA, en lo que consideran un afán de culpar a los ayuntamientos de las inminentes restricciones de agua a la ciudadanía, empezará a sancionar los entes locales si el Parlament da luz verde al decreto ley este miércoles. Por lo tanto, añaden, este Govern considera que no es responsabilidad suya garantizar el agua a las casi 6 millones de personas residentes en alguno de los municipios que se encuentran en estado de excepcionalidad. Como entidad con las competencias en el suministro de agua en alta, la agencia lanza balones fuera y no recoge ni una sola inversión en el decreto, remarcan.

La realidad es que el ACA podía haber ejecutado muchas inversiones para garantizar la disponibilidad de agua a los usuarios domésticos y a los diferentes sectores económicos. Una de las vías posibles pasaba por pedir al Estado la transferencia de los fondos Next Generation EU para ejecutar el proyecto para garantizar la resiliencia hídrica en la región metropolitana. Este proyecto fue seleccionado por el anterior Govern para optar a la financiación de estos fondos, pero el actual Ejecutivo lo ha dejado en el cajón. El proyecto suponía, además, la garantía del cumplimiento de los acuerdos de la Taula del Ter. Por lo tanto, el ACA no solo condena a restricciones de agua a la ciudadanía de la región metropolitana sino también a la de las comarcas de Girona y Osona, apuntan las mismas fuentes. A la vez, también se podría haber impulsado la modernización de los regadíos, cosa que no se ha hecho. En realidad, la hoja de ruta del ACA se circunscribe a las medidas ya contempladas en el Plan de Gestión de Cuenca y no se espera ninguna actuación de urgencia más a pesar de la gravedad de la situación hídrica.

Voluntad intervencionista

Se reprocha al Govern una voluntad intervencionista que lo lleva a decisiones cuestionables que van en contra de la optimización de los recursos públicos, como la construcción de una nueva planta potabilizadora en el Besòs que dependa de ATL cuando ya existe la que gestiona el AMB y que tiene necesidades de inversiones que ya estaban recogidas al proyecto de racionalización del uso del agua que seleccionó el anterior Govern para recibir financiación de los fondos Next Generation EU.

Esta actitud intervencionista también explicaría que, con la complicidad de los comunes, la formación de la alcaldesa Ada Colau, el Govern esté tratando de disminuir las competencias del Àrea Metropolitana de Barcelona en los servicios del ciclo integral del agua. Lo ha intentado a través de la ley de presupuestos y en el proceso de negociación con el PSC, señalan las fuentes, que, además, acusan al Govern de mantener una actitud arrogante y cerrada al diálogo con el sector. El decreto no ha sido trabajado con las entidades suministradoras de agua, sostienen.

El ACA, que dirige Samuel Reyes, ya hace más de un año que tiene una guerra abierta con el mundo local, al cual acusa del mal estado de sus redes de agua y le niega apoyo en su mejora. Las fuentes consultadas señalan que si bien la eficiencia de las infraestructuras del agua es un reto que afecta al mundo local, también le compete al Govern: ¿cuando el ACA pase a efectuar restricciones de agua en los municipios, cuál será el argumento hacia la ciudadanía?, se preguntan. ¿Se tendría que culpar a los ayuntamientos si no incorporan inversiones a la tarifa del agua? La agencia puede tener razón en este planteamiento, pero hay una cuestión básica que es que el ACA tiene que garantizar la disponibilidad de agua a la ciudadanía y no lo hace, remachan las fuentes.

Impacto económico de las restricciones

Las posibles consecuencias de la gestión equivocada del problema de la sequía pasan por el impacto económico de las restricciones de agua. Industrias que tendrán que detener su actividad, un sector agrícola que tendrá que dejar de regar, un sector hotelero que lógicamente en temporada de verano acogerá un turismo que hará superar la dotación de aquel municipio y que provocará que el ACA limite el suministro de agua en aquellas poblaciones... Las fuentes consultadas vaticinan que la inacción del gobierno de Pere Aragonès nos llevará a restricciones de consumo el mes de agosto, sino antes. Igualmente, las fuentes apuntan al conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent: ¿qué está haciendo para garantizar que las industrias catalanas puedan seguir operando? ¿Qué está haciendo a fin de que los municipios que basan gran parte de su actividad económica en el turismo puedan garantizar los puestos de trabajo?, se preguntan.

En realidad, hay un antecedente no tan lejano, la sequía del 2007, que tendría que haber supuesto una lección para los gestores públicos. Entonces se activaron inversiones y es gracias a estas que hoy se está consiguiendo retrasar la declaración del estado de emergencia, recuerdan las mismas fuentes En los últimos 14 años, desde que se construyó la desallinizadora del Prat, la verdadera sequía que ha sufrido Catalunya ha sido la inversora.

Imagen principal: el pantano de Sau este 2023 / ACN