La iglesia de Sant Andreu, en el pueblo de Maians, que pertenece a Castellfollit del Boix, está en el centro de la polémica desde hace años y su caso llegará al Vaticano. El año 2012, el Obispado de Vic inscribió este templo a su nombre, asegurando que era un lugar de culto desde el siglo XVIII. Ahora bien, la donación de los terrenos, hecha por los vecinos para construir la iglesia, la rectoría, el huerto y el cementerio, consta en el Registro de la Propiedad de Manresa con fecha de 1871, hace ciento cincuenta y cinco años, en el siglo XIX. En este contexto y después de cuatro años reclamando que se devuelva el templo “al pueblo”, Unió de Pagesos y la Plataforma Catalana per la Recuperació dels Béns Immatriculats llevarán el caso de la inmatriculación de esta iglesia del Bages al Vaticano. En conjunto, acusando al Bisbat de Vic de dilaciones, a pesar de haberse comprometido en el pasado a revisar posibles irregularidades.
Para las entidades, el baile de fechas confirma su teoría: que la inmatriculación se hizo con falsedades documentales. “Allí no había ninguna iglesia. Los vecinos recibieron un terreno yermo para construir una”, ha afirmado Joan Casajoana en declaraciones a la ACN como responsable de las inmatriculaciones de la Iglesia de Unió de Pagesos, que defiende que el templo “es del pueblo” porque “lo levantaron con su esfuerzo y sacrificio”. Quino Di Nella, portavoz de la Plataforma Catalana per la Recuperació dels Béns Immatriculats, sostiene que el caso trasciende el ámbito estrictamente registral y tiene implicaciones “políticas, sociales, económicas y patrimoniales”. Según ha explicado, el mecanismo de las inmatriculaciones deriva de una ley franquista de 1946 que permitía a los obispos actuar “casi como notarios” y registrar bienes a su nombre mediante declaraciones unilaterales. “Esto no ocurre en ningún otro lugar del mundo y, en un estado aconfesional, es inconstitucional”, ha asegurado. Coincidiendo con la visita del papa León XIV, que estará en Catalunya el 9 y el 10 de junio, las dos entidades preparan “movilizaciones” para defender que la iglesia de Sant Andreu debería ser de los vecinos y no del obispado.
El obispado reivindica las reformas
Desde el Obispado de Vic, recoge la ACN, defienden que la situación es la misma que en 2022, cuando se comprometieron a revisar posibles irregularidades. Así, expresan la voluntad de tratar la cuestión “con rigor documental, respeto institucional y espíritu de diálogo”. De esta manera, afirman que el Bisbat y el Ayuntamiento “reconocen la titularidad eclesial de las edificaciones y la vinculación del terreno al común del pueblo de Maians, de acuerdo con la documentación y los antecedentes conocidos”. Y remarcan que, gracias a la colaboración institucional y vecinal, se han podido asumir unas obras realizadas recientemente en el tejado por valor de 113.000 euros, de los cuales 65.000 los ha aportado la Diputación, 35.000 euros el Obispado de Vic y 3.000 euros los feligreses. La institución eclesiástica considera que esta rehabilitación es un “éxito colectivo” y expresa el deseo de que este patrimonio continúe siendo un lugar de encuentro, de fe y de memoria compartida para el pueblo.