Después de dos semanas de negociaciones y una larga noche de conversaciones, la 17ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), celebrada en Ereván (Armenia), ha terminado con unos acuerdos de mínimos. La cumbre ha servido para reafirmar los compromisos internacionales para frenar la pérdida de biodiversidad, pero también ha evidenciado las dificultades para convertirlos en medidas concretas.
Uno de los principales resultados ha sido la llamada Ruta de Ereván, que busca acelerar la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022 durante la COP15. Este acuerdo, considerado el equivalente del Acuerdo de París en materia de biodiversidad, establece más de veinte objetivos para 2030. Entre los más destacados está la protección de al menos el 30 % de las superficies terrestres y marinas y restaurar el 30 % de los ecosistemas degradados.
La nueva ruta acordada prevé impulsar los planes nacionales de conservación, movilizar recursos económicos y técnicos e implicar a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, la financiación continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes. Adrián Escudero, director del Instituto de Investigación en Cambio Global (IICG-URJC) en declaraciones a Science Media Center (SMC), considera positivo que se haya llegado a un acuerdo, especialmente después de los desacuerdos iniciales, pero recuerda que "cómo financiar estos esfuerzos para remitir la pérdida de biodiversidad es la clave".
La ciencia y la protección del 30 % del planeta, entre los retos
Las negociaciones también han estado marcadas por las tensiones geopolíticas y las dificultades para incorporar el conocimiento científico a las decisiones políticas, según ha declarado Alicia Pérez-Porro a SMC, presente en la cumbre y responsable de interacción política y relaciones institucionales en el Centre d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). De hecho, destaca la resistencia de algunos países a incorporar los resultados de dos informes de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES). Finalmente, los documentos han sido reconocidos en el texto, pero, según la experta, el lenguaje científico se ha ido diluyendo durante las negociaciones. La situación movilizó a la comunidad científica, que, junto con 55 países y la Unión Europea, reivindicó en una declaración conjunta que las decisiones sobre biodiversidad se basen en la evidencia científica.
Según los datos disponibles en octubre de 2026, las áreas protegidas y otras medidas de conservación cubren aproximadamente el 19 % de las tierras y aguas continentales y el 10 % de los océanos. Además, declarar un espacio como protegido no garantiza necesariamente que se conserve su biodiversidad, ya que es necesaria una gestión efectiva y recursos para hacer frente a amenazas como el cambio climático y la contaminación.
Jorge M. Lobo, investigador del departamento de Biogeografía y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) en SMC, considera que la conservación también exige abordar el conflicto entre los beneficios económicos a corto plazo y la preservación de los sistemas naturales. "El desarrollo económico no puede crecer indefinidamente a costa de unos recursos naturales limitados", defiende.
La COP17 ha vuelto a poner de manifiesto la urgencia de frenar la pérdida de biodiversidad, pero también la dificultad de pasar de los compromisos a la acción. La falta de financiación, la lentitud en la aplicación de las medidas y las tensiones políticas continúan amenazando el cumplimiento de los objetivos de 2030. Muchas de las decisiones pendientes deberán retomarse en la próxima COP, prevista para 2028 en Ecuador.