Catalunya y Madrid son las comunidades autónomas donde los alumnos de las universidades públicas pagan más y que, teniendo en cuenta su nivel de riqueza, menos financiación destinan a sus universidades. Así lo revela el último informe de la fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). El estudio recopila datos de las 47 universidades públicas presenciales españolas en 2020, cuyos ingresos proceden en casi un 80% de sus gobiernos autonómicos, y prácticamente el resto de las tasas y precios públicos. En España, más de 1,3 millones de jóvenes cursan estudios universitarios, y la mitad de ellos en campus públicos presenciales.
Según el Informe CYD 2021-2022, La Rioja y Cantabria destacan por ser las regiones que mayores transferencias hacen a sus alumnos, seguidas por el País Valencià, el País Vasco y Navarra. El gasto por alumno en estos cinco territorios está por encima de los 10.000 euros, mientras que en la otra cara de la moneda, se sitúan Baleares y Madrid, con menos de 7.200 por estudiante.
Financiación de los campus
Con respecto a la financiación que reciben los campus públicos, teniendo en cuenta el nivel de riqueza de la región y comparando los valores de 2020 con los de 2019, todas las regiones aumentaron la ratio, y las comunidades donde más subió fueron el País Valencià y Canarias, en torno a nueve puntos. El esfuerzo mayor volvió a corresponder al País Valencià y a Cantabria, acompañadas en esta edición por Canarias, mientras que en el otro lado se sitúan Catalunya y Madrid, según explica el documento de la fundación presidida por Ana Botín y que se presentó hace unos días en Madrid.
En la comunidad de Canarias, que el año 2019 se situaba en la octava posición, la mejora es consecuencia de la mayor caída del PIB per cápita en 2020, ya que al ser una región muy turística, sufrió más las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia.
Esfuerzo financiero de los alumnos
En relación con el esfuerzo financiero de los usuarios, es decir, en la recaudación por tasas, precios públicos y otros ingresos por alumno, en las tres primeras posiciones aparecen la Complutense, la Politécnica de Madrid y la Carlos III, seguidas por la Politécnica de Catalunya, la Autónoma de Madrid y la Politécnica de València, todos con valores superiores a los 3.000 euros por estudiante. Por regiones, Madrid y Catalunya registran los valores más elevados en el capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos en 2020 (igual que en 2019), mientras que en el grupo de regiones con el indicador más reducido están Canarias, Baleares y Andalucía. A excepción de Madrid, el resto de las regiones sufrieron retrocesos en este indicador en 2020, sobre todo en Catalunya, básicamente por la reducción de los precios públicos universitarios.
Uno de los problemas del sistema universitario es que no reciben suficiente financiación, por lo cual "España queda sistemáticamente por debajo de los países europeos y de la OCDE en el indicador de gasto por alumno o con respecto al PIB, así como en la ratio de gasto por alumno con respecto al PIB per cápita", subrayan las conclusiones del informe. Aparte, la evolución desde hace más de una década de los fondos públicos para la educación superior ha sido muy negativa en España. A raíz de la crisis de la deuda soberana, a partir de mayo de 2010, y todavía peor en 2012, España tuvo que realizar recortes y aumentar los impuestos y tasas para intentar disminuir su déficit público. Eso también afectó a las universidades, con disminuciones en las transferencias recibidas y el incremento de los precios públicos universitarios. A pesar de la expansión durante el periodo 2014-2019, "las cifras indican que en 2020 todavía no se habían recuperado los niveles de 2009". Por este motivo, la participación privada de las familias en la financiación universitaria ha tendido a aumentar porcentualmente de manera clara, y se sitúa ya en niveles superiores a los de la OCDE.
El 1% del PIB en las universidades
Con el objetivo de intentar paliar la insuficiencia financiera del sistema, la nueva ley universitaria (LOSU), en tramitación parlamentaria, fija el objetivo de destinar un 1% del PIB a las universidades. "Esta meta —añade la fundación CYD— se ve como una llamada a la acción; no obstante, para su efectiva ejecución preocupa el hecho de que, hoy por hoy, no se haya establecido ningún mecanismo vinculante para conseguirla, sino que simplemente es la especificación de una voluntad de llegar a esta cifra". En España, la financiación pública para la universidad se sitúa en torno al 0,7% del PIB, mientras que en los países europeos y de la OCDE supera el 1%.