Desarticulada una banda internacional que defraudaba IVA por valor de más de 25 millones de euros. La operación, denominada "Marengo-Rosso" se ha llevado a cabo de manera simultánea en varios países europeos, como Hungría, Italia, Luxemburgo, Portugal, Polonia, Eslovaquia y España, y es la primera operación con detenciones coordinadas por la Fiscalía Europea en España. El fraude cometido por esta organización criminal se generaba principalmente a través de la compraventa de dispositivos de telefonía móvil y otros dispositivos electrónicos como discos duros, AirPods, tabletas y ordenadores a gran escala.

Para hacer eso, la organización utilizaba facturas supuestamente falsas y solicitaba a las autoridades tributarias nacionales los reembolsos del IVA sin tener derecho. El sistema generaba beneficios de enormes proporciones a la organización investigada, a los cuales habría que sumar los obtenidos por la venta final de estos dispositivos a precios muy competitivos a través de mercados en línea en varios países. Un entramado que ha permitido defraudar una cifra próxima a los 25 millones, según han informado las autoridades después de la operación.

La investigación, coordinada por la Fiscalía Europea en España y llevada a cabo por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha permitido desmantelar esta organización criminal internacional que estaba liderada por dos de los acusados y que contaba con una compleja estructura jerárquica y una gran cantidad de empresas ficticias. La organización, para mover las grandes cantidades de dinero que generaba, estaba especializada en el blanqueo de capitales a través de la compra de bienes inmuebles de alto valor en países como Portugal, Italia y Chequia, principalmente.

La operación ha permitido la detención de nueve personas y la investigación de otros cuatro, mientras que se han realizado entradas y registros en hasta 20 inmuebles diferentes situados a lo largo de la geografía española. Los funcionarios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional han sido auxiliados por miembros de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, funcionarios de la Agencia Tributaria y de la EUROPOL.

El juez que ha dirigido la operación ha calificado los hechos como presuntamente constitutivos de delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. "Son delitos graves no solo por la penalidad que los mismos llevan asociada, sino además por la trascendencia social que comportan, así como por la elevada cuantía de la defraudación tributaria que se estaría llevando a efecto con afectación a los intereses financieros de la Unión Europea", advierte. La operación es un ejemplo del trabajo coordinado y efectivo de las fuerzas de seguridad de varios países, así como de la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia económica.