Más allá de las investigaciones policiales contra las redes organizadas de narcotráfico y hurtos que operan en Ciutat Vella, que necesita su tiempo de trabajo policial, el Departament d'Interior, el Ayuntamiento de Barcelona y la judicatura han acordado unir esfuerzos y ampliar la coordinación para denunciar a los propietarios que hagan un abandono de las fincas y aplicar multas que pueden llegar hasta los 900.000€.

"La legislación vigente protege la propiedad pero también prevé obligaciones", ha dicho Ada Colau al salir de la reunión de trabajo que se ha hecho hoy en la Conselleria de Interior y donde ha asistido el conseller Miquel Buch y la decana de los jueces de Barcelona, Mercè Caso.

El Ayuntamiento de Barcelona ha detectado más de 273 pisos vacíos de grandes propietarios, "especuladores que no tienen ningún interés". La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha remarcado que se necesita que interpongan denuncias y que se responsabilicen de sus pisos.

"Ha quedado claro que el fenómeno de los narcopisos no sólo tiene soluciones policiales", ha destacado el conseller Miquel Buch después de la reunión, refiriéndose a las herramientas judiciales que hay que aplicar y el trabajo que se reclama a los propietarios.

"La solución de los narcopisos no pasa, como dice la alcaldesa, por tener más mossos en la calle. Es una herramienta más, pero hay otras que se tienen que trabajar", ha dicho Buch apelando a las competencias que tiene el Ayuntamiento en el campo de la propiedad y los servicios sociales.

Las medidas a corto y medio plazo pasan por implicar a los propietarios de los edificios y por evitar la especulación que han detectado las administraciones. Y se plantea la necesidad de los juicios rápidos.

Ahora mismo lo que hay es un trabajo coordinado entre Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana que en 2017 se resolvió con 46 entradas en pisos y que este 2018 ya llega a las 53. En Ciutat Vella, además, la Guardia Urbana ha hecho un 15% más de detenciones por hurtos.

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