A diez meses de las elecciones municipales, el gobierno de Barcelona en Común, ha puesto en marcha el contador para intentar resolver, cuanto antes mejor, todas aquellas cuestiones que lo llevaron a la alcaldía, y una de ellas, es el acceso a la vivienda y la lucha por|para los derechos sociales.
Esta mañana ha anunciado que Barcelona se ha convertido en la primera ciudad que sancionará por la vía administrativa los fondos buitres que hagan acoso inmobiliario a sus inquilinos; eso son multas que van de los 90 mil a los 900.000 euros. La novedad es el proceso "administrativo", ya que hasta ahora se había utilizado, -sin mucho éxito- la vía penal, que es mucho más larga.
El concejal Jaume Asens anuncia la denuncias por vía administrativa/G.R
Según ha explicado el concejal del área de derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens el consistorio desplegará diferentes "preceptos de la legislación vigente" (tanto de la Ley del derecho a la vivienda como de la Ley de medidas de protección del derecho a la vivienda) que le otorgan "competencias" para actuar desde la "vía administrativa" contra estas prácticas; unas competencias que, por otra parte, todavía no se habían ejercido.
Adiós a las prácticas "mafiosas"
Jaume Asens ha dicho que se trata "de una ofensiva" contra todas las "prácticas mafiosas" de los fondos de inversión que "degradan" la ciudad y "alteran" la convivencia de los vecinos. Según ha explicado hay 10 bloques que pertenecen a grandes tenedores que han presentado denuncia; cuatro de ellos se están investigando (C/Portals Nou, Carme, del Pi i Sant Antoni Abat) y en uno, se ha abierto un expediente sancionador, es el caso del edificio de la calle del Carme 106. Los informes técnicos del Ayuntamiento han constatado que el estado del edificio es mucho "deficiente", de lo que se deduce los sus propietarios no han destinado ningún esfuerzo al mantenimiento de la finca con el objetivo de fuera los inquilinos actuales.
Según Asens, con la denuncia por la vía administrativa, el fondo buitre "tendrá que demostrar que aquello de lo que se lo acusa es falso".
El Ayuntamiento se ha felicitado de haber puesto en marcha estas actuaciones, ahora bien, las inspecciones de los edificios se hicieron el 10 y el 13 de julio y, el informe de los servicios jurídicos que les autorizaba en desarrollar las competencias en materia de vivienda fecha del mes de febrero.
El Ayuntamiento contraprograma
El anuncio del Ayuntamiento de Barcelona ha tenido lugar el mismo día que varias entidades por el derecho a la vivienda (la PAH, el Sindicato de Inquilinos, y el Observatorio DESC) han presentado un nuevo modelo de denuncia "por la vía administrativa "; esta presentación estaba agendada desde la semana pasada y la convocatoria del consistorio se hizo ayer.
La propuesta de las entidades permite a los ayuntamientos iniciar procesos sancionadores. No es una vía nueva pero las organizaciones han denunciado que hasta ahora no lo había usado nadie.