Los auditores que analizaron las cuentas del Palau de la Música, sin detectar irregularidades, han admitido hoy que no comprobaron si las facturas que supuestamente sirvieron para desviar fondos a CDC eran falsas, aunque sus cuantías eran muy elevadas para un servicio de buzoneo.

Antoni Gracia y Roger Margarit, profesionales del Gabinete Técnico de Auditoría que analizaron las cuentas del Palau entre los años 2001 y 2008, han declarado hoy como testigos ante el tribunal que juzga el millonario expoliación del Palau de la Música por parte de sus exresponsables Fèlix Millet y Jordi Montull.

En un duro interrogatorio, el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha puesto contra las cuerdas a los dos testigos, con múltiples preguntas sobre los motivos por los cuales no detectaron irregularidades en las cuentas de la institución, y ha llegado a lanzarlos si existía algún acuerdo para realizar las auditorías del Palau de la Música "de forma amable".

Los dos auditores han señalado que dieron por buena la contabilidad del Palau de la Música, de acuerdo con la documentación que les facilitaba la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull, quien era su interlocutora en los análisis de las cuentas de la institución cultural.

Los técnicos han reconocido que durante sus auditorías no se dieron cuenta de las numerosas salidas en efectivo de las cuentas del Palau de la Música mediante cheques al portador, que durante varios años sumaron 9,5 millones de euros cuyo destino no se ha podido aclarar.

El fiscal ha reprochado a los auditores su falta de comprobaciones en diversas de las operaciones económicas que después se ha constatado que estaban detrás de la expoliación de la entidad cultural y, particularmente, por las facturas falsas con las que sospecha que el Palau hizo llegar a CDC comisiones ilegales de la constructora Ferrovial.

Las mencionadas comisiones, mantiene la Fiscalía, se enmascararon a través de las facturas que proveedores de CDC cargaban en el Palau de la Música por actividades de buzoneo que en realidad habían prestado para la formación nacionalista.

"¿Importes astronómicos, conceptos vagos y difusos, y todo correcto, a su entender?", ha lanzado con ironía el fiscal a Roger Margarit, a uno de los auditores, después de recordarle que algunas de estas facturas estaban justificadas mediante cuatro palabras "genéricas" en su concepto, a pesar de incluir cantidades de hasta 140.000 euros.

Margarit ha reconocido que en alguno de los ejercicios económicos que analizó hubo una "variación que llamaba la atención" en el coste del servicio de buzoneo del Palau de la Música, que sumó 982.000 euros en tres años, una cantidad con la cual, ha ironizado el fiscal, "se podría enviar una carta a cada persona del planeta".

El auditor ha aducido entonces que estas facturas "eran emitidas por un tercero, debidamente registradas", por lo que no comprobó que los trabajos se hubieran llevado a cabo. Puede ser que preguntáramos a la Fundació si había algún contrato. La respuesta es que todo lo que había era aquello", ha añadido.

Las explicaciones de los dos técnicos han motivado la intervención de la presidenta del tribunal, Montserrat Comas d'Argemir, que ha preguntado si no "entra dentro de la función de un auditor constatar si se ha presentado el servicio o no", a lo que Antoni Gracia ha contestado que su misión era comprobar si los gastos tenían "apoyo documental suficiente".

Los testigos han argumentado también que ellos no analizaban las cuentas de la Associació Orfeó Català -entidad que el fiscal cree que canalizó el grueso del desvío al no estar auditada-, por lo que les fue imposible seguir el rastro del saqueo.