La Audiencia Nacional (AN) ha reconocido el derecho del empresario andorrano Joan Besolí a ser indemnizado con 70.000 euros por el Ministerio de Justicia por los casi dos años que pasó en prisión preventiva, junto con el expresidente del Barça Sandro Rosell, mientras se los investigaba por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales en Brasil. Tanto Besolí como Rosell fueron arrestados en mayo del 2017 y liberados en febrero del 2019, durante el juicio en la Audiencia Nacional, que los acabó absolviendo. Es por eso que Besolí pedía 4,6 millones de euros de indemnización, pero finalmente la sala contenciosa-administrativa de la AN solo ha aceptado 70.000 en concepto de "daños morales" por haber pasado 645 días en prisión.
Joan Besolí fue detenido el 23 de mayo del 2017 y dos días después ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real por orden de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. A pesar de presentar 12 peticiones de libertad provisional, el empresario andorrano estuvo 645 días entre rejas hasta que se celebró el juicio. Ahora, la sentencia de la sección Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa, a la cual ha tenido acceso Europa Press, afirma que este tiempo en prisión le generó "la ruptura de un proyecto vital" y también un "impacto mediático". Sin embargo, los magistrados han rebajado los 4,6 millones de euros solicitados por Besolí a 70.000 euros.
La indemnización de Besolí
Por su parte, la defensa de Besolí ha asegurado que la estancia en prisión provocó a la esfera personal y patrimonial del empresario andorrano "una serie de afecciones y daños de muy notoria relevancia". Entre otras cuestiones, ha afirmado que Besolí ha sufrido un "perjuicio reputacional" porque era una "persona de conducta irreprochable y reconocida en Andorra, con relevante proyección pública" como exconseller de Finanzas y allí la noticia tuvo una gran repercusión. A todo esto, también suman los gastos legales y de desplazamientos de sus familiares que tuvieron que asumir, así como el lucro cesando de su actividad como empresario, unos 200.000 euros anuales.
Desde la Abogacía del Estado han apuntado que su ingreso en prisión no fue "consecuencia de un error judicial", sino "a consecuencia del sacrificio individual que con el fin del bien colectivo el individuo se vio obligado a soportar" y que, por lo tanto, "aunque procediera la indemnización, no podría estar en la cuantía pretendida a la demanda". En cambio, sí que han dado la razón al empresario con respecto a una indemnización por los daños que le ha causado la estancia en la prisión, y "el perjuicio moral en la fama y el nombre, unida a la separación de la esposa y de los hijos".