La titular del juzgado de instrucción número 2 del Prat de Llobregat ha archivado la denuncia contra la teniente de alcaldía de Urbanismo de la localidad, Alba Bou (En Comú Podem), por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Un particular la denunció el pasado mes de octubre por no haber detenido la construcción de un edificio donde se habían constatado varios errores estructurales, y también la señalaba de un posible fraude en la concesión de la licencia. Según su relato, la finca superaba la altura máxima permitida e incumplía la normativa antiincendios, y se apuntaba una relación familiar con la responsable de la obra. En su escrito, la jueza considera que no hay evidencias de favoritismo con la promotora.

En la denuncia se apuntaba el vínculo familiar entre la persona propietaria de la Promotora Pahuer Prat SL y la concejal, entonces teniente de alcalde de Urbanismo y más tarde de Economía, Gobierno y Calidad Democrática. La relación era de primas lejanas, de consanguinidad de quinto grado, y a pesar de no estar obligada a abstenerse en la votación relativa a la edificación, tal como recoge la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, así lo hizo, como recoge el escrito. La denuncia también recogía que se habrían cometido irregularidades concretas que, según la jueza, no quedan demostradas. En el escrito destaca que la licencia se solicitó el año 2018, y que la junta de gobierno local la concedió después de recibir los informes favorables del técnico jurista y la arquitecta municipal.

Quejas de los vecinos

A partir de las quejas del vecindario, se hicieron inspecciones de obra que llevaron a la redacción de un informe que constataba un posible exceso de altura del edificio en cuestión, motivo por el cual en noviembre de 2020 se incoó un expediente para suspender provisionalmente las obras. La jueza también destaca que la obra era privada y que el Ayuntamiento intervino en el control de legalidad del proyecto, siendo la junta de gobierno local quien concedió la licencia. "La intervención de la investigada se limitó a la elevación como propuesta delante del citado órgano", destaca.

Por este motivo, asegura que no queda acreditado que Bou favoreciera a la promotora ni que hubiera irregularidades en el seguimiento de la obra: "Recibidas las quejas y denuncias, el Ayuntamiento, a través de los órganos correspondientes, implementó las medidas de corrección oportunas". De la misma manera, no se detecta ni arbitrariedad ni intervención de Bou una vez detectadas las deficiencias denunciadas en la obra que alteraran el procedimiento en favor de la promotora, motivo por el cual la jueza acuerda archivar de manera provisional las actuaciones.

Satisfacción del gobierno municipal

En un comunicado, el alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, ha calificado el archivo como "una derrota más del 'lawfare'", y ha exigido que aquellas fuerzas que han aprovechado el caso para atacar "sin base el gobierno municipal" que se disculpen, "por escrúpulo democrático y por respeto a la ciudad y a la institución municipal". "La justicia confirma lo que siempre hemos dicho, que la denuncia no tenía ningún fundamento", añade Mijoler, destacando la profesionalidad con que asegura que actuaron tanto Bou como los técnicos municipales. "Es una buena noticia para el gobierno municipal, pero sobre todo es una buena noticia para la democracia y para el Prat".