El Juzgado de Instrucción número 2 del Prat de Llobregat ha citado a declarar como investigada la segunda teniente de alcaldía de Urbanismo de la misma localidad, Alba Bou Jordà, por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias después que la concejal, de los comunes del Prat, ha sido denunciada por un colectivo de vecinos de la calle Enric Morera bajo la acusación de no haber parado la construcción de un edificio donde se habían constatado varios errores estructurales, a la vez que señala de un posible fraude en la concesión de la licencia. Según Lionel Rivera, portavoz de los vecinos afectados, denunciaron a Bou por "tráfico de influencias por favorecer los intereses de una prima suya que es la promotora que ha llevado a cabo las obras".
En declaraciones en elNacional.cat, Rivera ha considerado que el hecho de que hayan citado a la teniente de alcaldía a declarar en calidad de imputada supone que la fiscalía ha visto "indicios de delito" y ha apuntado que a los vecinos siempre les ha parecido extraña la trayectoria de Alba Bou, que empezó el mandato como concejal de Urbanismo, después lo dejó y finalmente volvió a ejercer el cargo. Asimismo, los vecinos insisten en la vinculación familiar entre la concejal y la constructora, ha recordado que el edificio en conflicto, situado en la calle Enric Morera, 41, "supera la altura permitida" y por eso han conseguido que se paren las obras.
De hecho, en la misma calle se han podido ver pancartas de protesta por la construcción del edificio en conflicto, donde los vecinos señalan varias irregularidades, como "daños y filtraciones a vecinos debido a la ausencia de impermeabilización e insonorización entre medianeras", además de señalar que se estaba construyendo una tercera planta "no habitable". Es por eso que los vecinos denuncian que la obra está "vinculada al ayuntamiento y fuera de normativa" y denuncian, entre otras irregularidades, "exceso de altura y anchura" y "cimientos sin autorización". Por su parte, fuentes municipales citadas por la ACN resaltan que el consistorio muestra "total confianza" hacia la tramitación de las obras, que se corrigieron después de las quejas persistentes de los vecinos y confían en que la declaración de Bou "permitirá explicar que así fue".
Además, según informó a principios de semana el medio del Baix Llobregat Vilapress, la concejala del Prat en Comú tendrá que responder también por un presunto delito de ocultación de información pública continuado y persistente desde principios de 2019. El mismo medio apunta que el Ayuntamiento del Prat de Llobregat asumirá con dinero público la defensa de la teniente de alcaldía, valorada en unos 5.500 euros, dado que los hechos pasaron en el ejercicio de sus funciones públicas en el consistorio.