El Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado recientemente su boletín periódico al efecto, del que se desprende que Catalunya y sobre todo Barcelona se sitúan a la cabeza en la crisis del alquiler. Entre 2019 y 2021 el número de viviendas en arrendamiento en la ciudad condal se ha reducido de 492.367 a 418.431, lo que supone una variación del 13%.

Por su parte, Girona presenta un descenso del 9,38%, Lleida del 3,91% y Tarragona del 2,94%. Como queda de manifiesto, esta situación no se da solo en Barcelona, sino que se trata de un problema que afecta a toda la comunidad, que acumula una pérdida de viviendas en alquiler del 10,32% en su conjunto. Estas cifras son el resultado de una oferta en constante recesión a causa de un mercado intervenido, y guardan por tanto una relación directa con la explosión de precios que se observa en los principales núcleos urbanos.

Las consecuencias

El contexto inflacionario derivado de la crisis sanitaria de la Covid-19 y la guerra de Ucrania unido a unas políticas intervencionistas que parecen no ser la solución, han demostrado que restringir el mercado no proporciona una salida a la recesión del alquiler. Implementar índices de precios y combinarlos con una limitación del 2% a las rentas de los arrendamientos ha tenido consecuencias: los propietarios, ante la incertidumbre y la falta de rentabilidad obtenida de sus viviendas, optan por otros modelos para lograr mayor rendimiento o incluso por ponerlas a la venta.

Así, este tipo de regulación ha llegado a comprometer aún más una oferta que ya venía maltrecha. “El gran número de arrendadores que está apostando por cerrar o vender sus inmuebles, está empeorando el acceso a la vivienda al reducirse la oferta hasta un 40% en algunas zonas”, adelantaba en octubre de 2022 Antonio Carroza, Presidente de Alquiler Seguro.

Por este motivo, Lloguer Segur cree que la salida a la crisis de los arrendamientos no pasa por intervenir los precios y apuesta por un mercado libre y, en todo caso, por tomar medidas que ofrezcan seguridad a los propietarios y, por ende, estimulen la oferta. De este modo, las rentas se terminan regulando de forma orgánica gracias al mecanismo natural del mercado. Además, mayores garantías jurídicas para los arrendadores lograrían el efecto contrario al que ahora vivimos en el caso de Cataluña: las personas encontrarían incentivos para alquilar sus viviendas y obtener rentabilidad de una forma segura.