Los propietarios de un piso de la Barceloneta han decidido ocupar su propia vivienda para evitar que el inquilino haga negocio a través de la plataforma Airbnb, según apunta La Vanguardia. El matrimonio ha tenido que hacer frente, primero de todo, a los 200 euros que cuesta la vivienda cada día.

Los hechos se remontan en el mes pasado cuando Montse, propietaria del piso, decidió alquilar la reciente reformada vivienda de la Barceloneta por la cifra de 950 euros en el mes. El inquilino presentó una buena nómina y un perfil que gustó al matrimonio que se disponía a alquilar su piso. De esta manera, firmaron un contrato de alquiler sin ningún tipo de sospecha sobre la estafa.

Pocos días después, Montse empieza a tener sospechas cuando se disponía a hacer el cambio de nombre para los suministros de agua y electricidad. El joven, aparentemente, era de viaje de negocios y no sabía cuándo volvería. Más tarde, pudieron comprobar que su piso estaba expuesto en la famosa plataforma Airbnb y las reservas para turistas eran constantes. El beneficio que podía dar un piso de estas características, que cuesta entre 200 y 300 euros al día, podía llegar hasta los 8.000 euros en el mes.

De esta manera, la propietaria decidió rescindir el contrato al joven, pero no hubo ninguna respuesta. Por lo tanto, ante los hechos y no poder hacer nada para cambiar la situación, decidió hacerse pasar por una turista más y el miércoles entró en su propio piso para quedarse.

Airbnb se ha desentendido del problema y los Mossos, cuando la propietaria decidió poner una denuncia, explicaron que no hay ningún impago, por lo tanto, no se puede producir un desahucio exprés.

Montse y su marido han decidido cambiar la cerradura de la puerta y esperar que puedan recuperar de forma legal su casa.

El Ayuntamiento responde

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, explicó que el consistorio, una vez comprobado el uso turístico ilegal, abrirá expediente y emitirá una orden de cese de la actividad. Puede sancionar el inquilino con una multa entre 30.000 y 600.000 euros.

Sanz ha aprovechado para dirigirse a Airbnb. "Basta. La actividad de Airbnb está perjudicando a los vecinos en no querer cumplir la ley", exclamó.

Después de esta denuncia, el portal Airbnb ha retirado el anuncio de su página web.