"Acuerdo histórico". Así es como han calificado los sindicatos de prisiones el pacto que han logrado este miércoles con el Departament de Justícia, después de más de 30 horas de negociación y de varias protestas en centros penitenciarios de toda Catalunya. El acuerdo, según exponen desde los sindicatos CSIF, ACAIP, UGT, CCOO y la Intersindical, recoge dos de las reivindicaciones más importantes que pedían: un aumento de trabajadores y medidas para disminuir las agresiones en los centros penitenciarios.
Después de una manifestación con centenares de trabajadores delante de Brians 2 y de diferentes cerradas dentro de las oficinas de dirección de los centros penitenciarios, los sindicatos han firmado un acuerdo "histórico" con la Secretaria de Mesures Penals. En el documento, al cual ha tenido acceso Elnacional.cat, Justícia se ha comprometido a incluir "un mínimo de 350 plazas de los diferentes cuerpos a las ofertas de empleo público de la Generalitat para los años 2024 y 2025". Una cifra que se podría incrementar en función de los resultados de una auditoría que se hará los próximos seis meses sobre la necesidad de efectivos en los centros penitenciarios. Asimismo, también se incluirá todo el personal interino de todas las listas en una única bolsa de interinos bajo el criterio de antigüedad, y se abrirá la bolsa con una nueva convocatoria en un plazo máximo de dos meses.
Desde los sindicatos recuerdan que el último incremento neto de la plantilla se produjo el año 2011, por la apertura del Centro Penitenciario Puig de les Basses. "Ahora, el incremento se consigue sin la necesidad de abrir un nuevo centro de trabajo", apuntan en un comunicado conjunto.
Medidas de seguridad
Con respecto a las medidas de seguridad, las dos partes han pactado nuevas acciones como incluir detectores de drones, cámaras unipersonales y una prueba piloto de sprays de defensa personal. El acuerdo también recoge que se vigilará a las personas internas con enfermedades mentales y se aumentará la seguridad a los DERT. Desde el Departament de Justícia han reiterado que su objetivo es no tener ninguna agresión de internos a funcionarios y han recordado que en el 2021 se llevó a cabo un estudio que permitió hacer el diseño de un modelo con diferentes ejes basados en la "prevención, la gestión del riesgo y el trabajo transversal".
Entre las medidas que se aplicarán para disminuir las agresiones en los centros penitenciarios, hay una prueba piloto de "el uso de aerosoles de acción adecuada", es decir, de sprays de defensa personal "ante incidentes localizados en espacios cerrados de manera previa a la entrada de equipos de intervención". También se hará otra prueba piloto con cámaras entre abril y junio unipersonales. Aparte, se han comprometido a "garantizar apoyo a los profesionales que sufren una agresión". Por eso, han pactado que, en un plazo de dos meses, habrá una nueva regulación para garantizar la presentación de denuncia de todas las agresiones, y que facilitarán asistencia psicológica y jurídica a los trabajadores.
El acuerdo también recoge otros puntos como la formación teórica y práctica continuada para el personal de base, el análisis de los incidentes como estrategia de autoaprendizaje organizativa para generar "propuestas de actuación para potenciar la prevención de incidentes". Ante el pacto conseguido, los sindicatos han desconvocado las movilizaciones previstas para esta semana.