El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) se ha personado como acusación particular en un procedimiento por una agresión que sufrió un abogado en mayo del 2022 en Barcelona. En concreto, el Icab pide 2 años y 6 meses de prisión por el delito de acceso con violencia a despacho profesional (art. 203.3 Código Penal) a unas personas acusadas de intentar intimidar a un abogado, según ha informado la misma corporación este jueves por la tarde. La Fiscalía, por su parte, pide un año de prisión a los acusados.

Para preservar los derechos del abogado afectado, el Icab prefiere no dar más detalles del caso, ni del número de personas investigadas, ni de la causa que lleva al abogado intimidado, hasta que haya una sentencia. En el comunicado del Icab, se sostiene que "la motivación de las personas imputadas fue intentar acobardar al abogado, que ejerce la defensa de los intereses de su cliente." Y añade que "la protección colegial es una de las funciones principales de cualquier colegio de la abogacía".

Derecho de defensa, libre

Precisamente, se informa de que el decano del Icab y presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Consejo de l'Abogacía Española, Jesús M. Sánchez García, ha explicado públicamente este caso en la mesa inaugural de las XV Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia del CGAE, que se celebran estos días en Córdoba, "como un ejemplo paradigmático de la vocación de todos los colegios de la abogacía para proteger el libre ejercicio de la profesión". Estas jornadas, bajo el lema Dando voz a la abogacía, tienen como objetivo encontrar soluciones a los problemas diarios que se enfrenta la abogacía a la hora de desarrollar su ejercicio profesional. Precisamente, en la ponencia sobre amparo colegial también ha participado el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Catalunya, Pedro Ariche.

Desde el Icab se acuerda de que el ejercicio del derecho de defensa tiene que ser libre y con recursos para garantizar el turno de oficio, y que "los colegios de la abogacía abogan para proteger este derecho dando amparo colegial en todo momento cuando se producen posibles injerencias o limitaciones".

En el Icab, esta función la ejerce de manera prioritaria la CRAJ (Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia) por delegación de la junta de gobierno, cuyos miembros aprobaron por unanimidad la determinación de defender al compañero agredido ejerciendo en este caso la acusación particular.

Desde jueces a fiscales

Este es un caso excepcional y la petición de amparo colegial más solicitada por los letrados acostumbra a ser para reclamar un trato digno por parte de jueces, fiscales y del conjunto de operadores de la Administración de Justicia. Por ejemplo, se denuncia el retraso constante en el inicio de los juicios o que no se suspenden juicios en caso de maternidad y enfermedad, a pesar de haber protocolos con el TSJC, o la imposición de multas. 

La abogacía ha ido mejorando el amparo de los sus colegiados (que es obligatorio para ejercer en el Estado español), y se ha ido especializando con comisiones. La Abogacía de Barcelona constituyó la CRAJ en el 1997. Aparte, también está la comisión Deontológica, donde se analizan quejan entre profesionales y de la ciudadanía para garantizar un buen derecho de defensa y cumplir un código ético.