Los contagios de coronavirus se han vuelto a disparar en Madrid: en sólo un mes, han aumentado un 37,6% los casos de Covid-19. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública tiene claro que el responsable es el gobierno de Díaz Ayuso, cuya actuación han calificado de "irresponsable e incompetente". Los profesionales sanitarios de esta entidad consideran que la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid ha sido errónea y que, como todavía "no se ha producido una rectificación", la situación sigue "empeorando a pasos cada vez más acelerados".

Por eso han propuesto una serie de medidas, entre ellas la de evaluar la posibilidad de volver a la fase 2 y realizar "confinamientos selectivos" en zonas de "especial incidencia".

Falta de rastreadores para la Covid-19

La Asociación también pide establecer un sistema de rastreo eficaz aumentando el número de rastreadores hasta llegar a los 2.600. Actualmente, los profesionales que se dedican al rastreo de casos en Madrid no llegan a los 500. Además, a principios de agosto la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tomó la criticada decisión de privatizar las tareas de rastreo adjudicando un contrato por 194.223 euros a Quirón Prevención.

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Un profesional sanitario sostiene una prueba PCR en uno de los cribados masivos de Madrid. / EP

Reforzar la atención primaria para la pandemia

"Se trataría de reforzar la sanidad pública, de preocuparse más por controlar los contagios y menos por los negocios de empresarios amigos, ya que la situación es muy complicada y precisa de actuar con celeridad y de manera coordinada si no queremos que empeore", han sentenciado. Por eso, consideran necesario reforzar la atención primaria incrementando sus efectivos y abriendo todos los centros de salud de la región en horario de mañana y tarde, y han apostado por la apertura de las 1.300 camas hospitalarias "que se han cerrado en los centros públicos" con las vacaciones para poder asumir "un probable aumento de las hospitalizaciones por Covid-19".

Finalmente, han propuesto aumentar las dotaciones de los laboratorios públicos para la realización de pruebas PCR y establecer un Plan de Asistencia y Control de las residencias de personas mayores que aumente sus recursos sanitarios.