El Pleno del Congreso de los Diputados decidirá el martes si admito a trámite una proposición de Ley remitida por el Parlament de Catalunya con la cual se busca la despenalización de la eutanasia en casos de dolor terminal, cuando se prevé que el dolor, tanto físico como psíquico, será permanente.

El texto, que fue aprobado en la Cámara catalana el pasado mes de julio, contó con el apoyo de Junts pel Sí, el PSC, CatComú y la CUP. Ciutadans se abstuvo y el PP votó en contra.

El texto consta de un artículo único en el cual se propone modificar el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal para que queden exentos de responsabilidades los que "de manera indirecta o cooperante ayuden a morir de manera segura, pacífica y sin dolor" a una persona que lo pida de forma "expresa, libre e inequívoca".

Además, se indica que el paciente tendrá que sufrir "una enfermedad terminal" o una "patología incurable" que le provoque un "sufrimiento físico o psíquico grave que se prevea permanente".

Con esta nueva redacción, se modificaría el texto actual del Código Penal en el cual se recoge que, a quien induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años, mientras que aquel que coopere con esta actividad también será castigado con la prisión. En este caso, con penas de hasta diez años, en el caso que se ejecute la muerte.

El Código Penal también recoge la posibilidad de que la eutanasia se aplique "por la petición expresa, seria e inequívoca" del paciente y que este sufra "una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar". En este caso, quien lo ayudara a morir sería castigado "con la pena inferior en uno o dos grados" en las señaladas anteriormente.

Piden escuchar a la sociedad y a los expertos

Por el Parlament, una sociedad democrática "tiene que velar para que los que son vulnerables o están debilitados no puedan ser manipulados ni utilizados para atender a los intereses de otras personas" y, por este motivo ven necesaria una ley "de disposición y soberanía sobre la propia vida que garantice la libre autonomía personal y, a su vez, la protección de los colectivos más vulnerables".

Por eso, piden, además, que se escuche a la opinión pública, que, según señalan, "va muy por delante respecto de las decisiones políticas en esta cuestión". Así, la iniciativa destaca que "todas las encuestas" realizadas por esta materia "han dado una amplia y creciente mayoría a favor que se permita la eutanasia y el suicidio asistido".

En este sentido, menciona un estudio realizado por The Economist en quince países en junio de 2015, en la cual se daba unos resultados para España de un 78% a favor de esta práctica, mientras que un 7% se mostraba en contra.