No al uso de la mascarilla obligatoria. Contrariamente a lo que marcan las normas y exigen la mayoría de las familias, en la escuela Finestres de Mieres, en la Garrotxa, se vive una situación totalmente diferente. Los padres y madres se niegan a traer a sus hijos a clase en protesta porque tienen que llevar mascarilla obligatoriamente dentro de las aulas.
Según las familias, Mieres es un municipio con un riesgo muy bajo de contagio y en los últimos meses no se ha detectado ningún caso en el pueblo. Integrados en la Asociación de Madres y Padres de Alumnes, AMIPA, han enviado una carta a los consellers de Educació y Salut pedido que se revoque la obligatoriedad en las aulas. Lo hacen basándose en los datos de contagio en Mieres y también recordando que algunos comunicados de Salt indican que los niños podrían ser menos transmisores del virus.
La mascarilla impide el aprendizaje
Los padres han protestado porque durante los primeros quince días de curso, algunos de los niños "sí que han manifestado molestias y dificultades para el aprendizaje" por el hecho de llevar mascarilla. Por otra parte, también se quejan de que los grupos burbuja y la separación de espacios comprometen el proyecto pedagógico de la escuela.
De hecho, aseguran que respetaron las indicaciones pero ahora no entienden que se mantengan estas medidas. Por todo ello, en la carta enviada a Josep Bargalló y Alba Vergés también recriminan que no haya habido una "mayor comunicación y participación" de las familias en la toma de decisiones y en "la libre elección responsable de las medidas que afectan a nuestros hijos". La protesta ha empezado hoy pero avisan de que no acaba aquí. El lema es: "Las familias queremos co-decidir".
Protesta de las familias en Mieres / Fotografía: ACN
Tampoco quieren vacunas
Este colectivo de padres y madres no es la primera vez que protagoniza una polémica. El pasado mes de mayo también denunciaron el calendario vacunal que se exige tenerlo al día para asistir a los centros educativos por parte del Departamento de Educación. Consideraban, entonces, que este es ilegal ya que atenta contra el derecho de las familias a la libre decisión sobre esta cuestión.
El documento de Educació explicitaba textualmente que las medidas acordadas "tienen que adecuarse a las indicaciones de las autoridades competentes en materia de salud pública y protección civil según los reales decretos de estado de alarma y los acuerdos del Govern de la Generalitat y a partir de la evolución territorial y restrictiva de las diferentes fases de desescalada".