A pesar de los disturbios en las calles, el proyecto de ley del Gobierno de Francia para poner en marcha un certificado sanitario obligatorio para tener acceso a la mayoría de lugares públicos del territorio ya ha sido aprobado. Ahora, el Consejo Constitucional tendrá que dar su visto bueno para que pueda entrar en vigor a principios de agosto. Según la propuesta aprobada, el certificado tendrá que demostrar que la persona tiene una pauta de vacunación completa, un test negativo del coronavirus de las 48 horas anteriores, o una prueba de haber pasado el virus en los últimos seis meses.

¿Qué dice la ley?

A partir de agosto, el documento será necesario para entrar en bares, cafeterías y restaurantes, tanto terraza como interior; medios de transporte públicos de largo recorrido y ferias profesionales, que se suman a los lugares donde es obligatorio desde el 21 de julio: museos, teatros, monumentos, salas de deporte y de espectáculos. Los centros comerciales han quedado exentos de la medida, gracias al voto de los conservadores franceses, aunque corresponderá a las autoridades locales imponer el uso del certificado sanitario si lo consideran necesario.

Los trabajadores de los lugares afectados también tendrán que presentar el documento, pero a partir del 30 de agosto. Si no tienen uno justificativo, podrían ser suspendidos sin salario e incluso ser despachados. "El objetivo es convencer a los empleados y facilitar la vacunación, por eso hemos permitido una autorización de ausencia" para acudir a vacunarse, ha indicado hoy la ministra de trabajo, Élisabeth Borne, en unas declaraciones a BFMTV. "Como no hay salario, esta disposición no puede durar indefinidamente. Queríamos introducir la forma en la cual se podría autorizar el despido, al cual no se podría recurrir antes de dos meses y que se acompañaría de una indemnización para los trabajadores," pero la cláusula ha sido eliminada por el Senado.

Por su parte, los menores de entre 12 y 17 años no tendrán que presentar el certificado hasta el 30 de septiembre, ya que han empezado a vacunarse más tarde. Además, este grupo de edad solo requerirá la autorización de uno de los padres para vacunarse y cabe para los menores con 16 y 17 años.

Durante el debate de la ley, los senadores y diputados acordaron en la comisión mixta paritaria que la aplicación de estas medidas se condiciona a la prolongación del estado de emergencia sanitaria, hasta el 15 de noviembre (en vez del 31 de diciembre que pedía el Gobierno). Cualquier nueva extensión tendrá que ser aprobada por los parlamentarios.

Multas por incumplimiento

El texto prevé multas de 135 euros para los infractores y hasta seis meses de prisión y 3.750 euros de multa en caso de saltarse la ley tres veces en 30 días. Para los profesionales, las sanciones para no exigir el certificado a los clientes irán desde sanciones financieras hasta cierres administrativos.

El personal sanitario tiene la obligación de vacunarse. Este grupo de profesionales tendrán que tener al menos una dosis el 15 de septiembre y la pauta completa no más tarde del 15 de octubre. En caso de no ser así, los sanitarios podrán ser suspendidos de sueldo y de trabajo, pero despedidos, un matiz que introdujeron los senadores.

De manera similar a la del estado español, los casos positivos confirmados tendrán que aislarse durante diez días y sólo podrán salir en caso de urgencia o entre las diez de la mañana y las doce del mediodía. La seguridad social podrá hacer controles del aislamiento y avisar a las fuerzas del orden si cree que no se está respetando.


Foto principal: protesta en París por la extensión del certificado covid en Francia / Efe