Amnistía Internacional (AI) ha exigido a los gobiernos de todo el mundo "rendir cuentas" por la muerte de más de 3.000 profesionales de la salud por la Covid-19, según un informe de la organización. Ha añadido que esta cifra es "probablemente muy inferior a la real".

AI ha considerado que los gobiernos no han protegido ni a los sanitarios ni a los trabajadores esenciales y que, incluso, algunos que denunciaron la situación "sufrieron represalias: desde el arresto y la detención hasta amenazas y despidos". Según el seguimiento de AI, los países con más número de muertos de personal sanitario hasta ahora son los Estados Unidos (507), Rusia (545), Reino Unido (540), Brasil (351), México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (82) y España (63).

63 sanitarios muertos en España

En el Estado, AI ha contabilizado estas 63 muertes y más de 52.000 casos de profesionales sanitarios contagiados. En este contexto, tiene en marcha una campaña para exigir la protección del personal sanitario. La organización ha considerado necesario tener clara la radiografía de los "agujeros negros" para evitar que se vuelva a dar la misma situación delante de posibles rebrotes. Por eso, ha reclamado tener datos desagregados de las personas contagiadas y muertas en el sector por sexo, tipo de profesional y centro médico donde trabajan.

La investigadora y asesora sobre derechos económicos, sociales y culturales de AI, Sanhita Ambast, ha instado a los países que todavía no han vivido lo peor de la pandemia a no repetir los "errores" de los gobiernos en que la falta de medidas para proteger los derechos de los trabajadores "ha tenido consecuencias desastrosas".

AI cree que la cifra de muertos es más elevada

La organización ha constatado que no existe actualmente ningún seguimiento sistemático global del número de trabajadores de la salud y esenciales que han muerto por Covid-19 pero ha recogido y analizado datos disponibles que mostrarían estas 3.000 muertes en 79 países del mundo.

AI ha apuntado pero que esta cifra puede ser "significativamente superior" ya que no se comunican todos los casos y ante la dificultad en hacer comparaciones entre países por las diferencias en la manera de compatibilizar.

Falta de EPI

Por otra parte, Amnistía ha denunciado la "grave escasez" de equipos de protección individual (EPI) en casi los 63 países y territorios estudiados. Además de la escasez de suministros global, ha apuntado que las restricciones comerciales podrían haber agravado el problema. En junio de 2020, 56 países y dos bloques comerciales (la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática) habían implantado medidas para prohibir o restringir la exportación de estos equipos, de algunos de ellos o de sus componentes.

"Si bien los Estados tienen que garantizar que hay suficientes EPI para los que trabajan dentro de su territorio, las restricciones comerciales podrían agravar la escasez en países que dependen de las importaciones", ha señalado Ambast. La experta ha reclamado "cooperación global".

Además, el informe constata que en al menos 31 de los países analizados hubo informes de huelgas, amenazas de huelga o protestas del personal sanitario a causa de las condiciones laborales peligrosas. En muchos países, la respuesta por parte de las autoridades fueron represalias.

Apunta también que ha habido trabajadores esenciales despedidos o sometidos a medidas disciplinarias por hablar de sus problemas y por eso ha pedido que se estudien todas estas situaciones.

En el informe, también se critica los salarios injustos y la ausencia de prestaciones o la exclusión de estas de algunas categorías.

Con todo, AI ha recamado a los estados que consideren la Covid-19 una enfermedad profesional y que tengan acceso a una compensación y otras ayudas en caso de que contraigan la infección. También han pedido que sean incluidos en los grupos prioritarios para la realización de pruebas de Covid-19.