Nueva denuncia al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa contra la vulneración de derechos humanos en Catalunya por parte del Estado español durante la jornada del referéndum del 1-O, impulsada por el Colectivo Praga y que suscriben 650 juristas de toda España.
El informe enumera todos los palos en las ruedas que el Gobierno de Mariano Rajoy ha ido poniendo a Catalunya, a sus instituciones y a sus ciudadanos, como, por ejemplo, usar la vía de la judicialización para evitar dialogar con los representantes catalanes, la represión "con serias vulneraciones de derechos y libertades" o la suspensión de la autonomía, entre muchísimas otras cosas.
Tras repasar la jornada del referéndum, el cómo se llegó hasta allí y lo que pasó luego, el Colectivo Praga recuerda que el Ejecutivo convocó elecciones en Catalunya bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución española, y que, aún así, no se ha tenido en cuenta el resultado de la voluntad de los millones de catalanes que votaron ese 21-D.
Derechos reconocidos
Precisamente por todo ello piden al comisario "una investigación independiente y completa" de la vulneración, sobretodo, de los derechos de libertad de expresión y de reunión, de ser elegido y de no ser discriminado por opiniones políticas, el derecho a la libertad, al juez imparcial, a la doble instancia en el ámbito penal y a la preparación de la defensa. Derechos que están contemplados por el mismo Consejo de Europa de Derechos Humanos (CEDH).
Y no solo eso. También exigen "la prohibición de tratos degradantes" y reclaman el principio de legalidad penal, uno de los más importantes en derecho penal y que predica que no hay delito ni pena sin ley previa y, en este caso, no la hay.
En este sentido apuntan al hecho de que la imputación por los delitos de rebelión, sedición y malversación "no es sostenible a la luz del tenor literal de la ley penal y de la consolidada jurisprudencia sobre tales delitos" porque, aseguran, "no se cumple con el estándar de 'previsibilidad' y de interpretación 'estricta' en materia penal que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)".
El informe detalla punto por punto cada actuación que constata la vulneración de estos derechos y lo justifica con los artículos correspondientes de las distintas leyes en las que aparecen.