Ni 24 horas han pasado entre el anuncio de Junts per Catalunya y el veto del Congreso de los Diputados. Este miércoles, la Mesa de la cámara baja ha notificado a la formación independentista que no admitía a trámite su proposición de ley para eliminar la capacidad de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Según la comunicación, en la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, "de un examen preliminar se desprende que contradice, de manera palmaria y evidente, lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución, no resultando posible modificar la regulación sobre esta materia mediante una proposición de ley".

En un hilo en Twitter, el diputado impulsor de la iniciativa, Josep Pagès, ha denunciado cómo la Mesa del Congreso "se erige en un pre-Tribunal Constitucional", que decide sobre la constitucionalidad de los textos. "Hemos argumentado extensamente que la propuesta de eliminar la función judicial cabe dentro de la Constitución, pero está claro que hemos tocado hueso. El Tribunal de Cuentas no se toca", ha lamentado el diputado de Junts, que ha añadido: "El Tribunal de Cuentas sigue siendo un agujero negro de la justicia española: externo al poder judicial, no formado por jueces, ni siquiera por juristas, lleno de enchufados y politizado hasta las cejas, dicta sentencias para arruinar inocentes y no ve la verdadera corrupción". Y ha concluido: "Seguro que el grupo GRECO anticorrupción del Consejo de Europa estará muy contento con esta decisión. En cualquier caso, era previsible, y por eso ahora aplicaremos el plan B. Y quizás también el C".

En la exposición de motivos de la iniciativa, Junts criticaba justamente que "la Constitución no atribuyó directamente ninguna función jurisdiccional al Tribunal de Cuentas", pero que "el constituyente forzó la introducción de esta posibilidad sólo por motivos espurios". Por eso reclamaban retirar la función jurisdiccional —la capacidad de enjuiciamiento— al órgano fiscalizador para devolverlo al poder judicial, que creen que es quien siempre tendría que haber ejercido esta función.

Según Junts per Catalunya, esta capacidad de juzgar en el ámbito de la responsabilidad contable "contradice el principio de división de poderes" y "atenta directamente contra los principios básicos del Estado de derecho". En este sentido, consideran un "deber democrático" que esta función jurisdiccional sea devuelta a la jurisdicción contenciosa del poder judicial, "que es de donde nunca tendría que haber salido". Según la proposición de ley, el Tribunal de Cuentas ejerce una actividad "plenamente judicial sin formar parte del poder judicial ni estar tan sólo compuesto por juristas", una actividad "exenta de una verdadera revisión judicial y queda fuera de un control judicial sustantivo".

En la rueda de prensa este martes, el portavoz de Justicia de Junts en el Congreso, Josep Pagès, denunció que se trata de una potestad "inaudita" a Europa, que deja España "más cerca de Polonia que de la Unión Europea".