Pedro Sánchez dijo que su "objetivo" era que no se tuviera que prorrogar el estado de alarma, después de seis meses ininterrumpido. Expira el próximo 9 de mayo. Pero hay quien, desde las autonomías, piden que se alargue más, teniendo en cuenta que no hay ningún plan jurídico alternativo que dé tanta cobertura legal a las restricciones de derechos fundamentales. Este lunes ha sido el lehendakari Íñigo Urkullu quien ha reclamado que se mantenga el estado de alarma para poder trabajar con "garantías jurídicas" que no tendrían sin su aplicación.

En una entrevista en Radio Euskadi este lunes por la mañana, el presidente del gobierno vasco ha sostenido que "las comunidades autónomas tenemos que trabajar con las garantías jurídicas en la aplicación de medidas para intentar mitigar los efectos negativos de la pandemia y atajar la transmisión comunitaria". En este contexto, Urkullu ha asegurado que "si fuera posible, es necesario mantener el estado de alarma", más allá del próximo 9 de mayo.

En este sentido, el lehendakari ha advertido que se vivirán "momentos delicados" a la hora de gestionar la pandemia si decae el estado de alarma, por los conflictos jurídicos que puede generar pero también un posible relajamiento por parte de la ciudadanía. "Si se deroga y deja sin efecto, y mientras no se apruebe en el Parlamento vasco una ley que nos dé determinadas garantizabas para la aplicación y cumplimiento de las medidas adoptadas por las administraciones, vamos a ir a un tiempo muy delicado", ha concluido.

Fue el mismo Pedro Sánchez, en rueda de prensa martes pasado desde La Moncloa, quien avistó el final del estado de alarma actual. Preguntado sobre esta cuestión, el presidente del Gobierno aseguró que el objetivo de su gobierno es que "no sea necesario prorrogar más el estado de alarma". E insistió: "Lo que queremos es que el 9 de mayo sea el punto y final en el estado de alarma".

Si decae el estado de alarma, como está previsto, las restricciones a la movilidad y a los derechos fundamentales recaerán en los gobierno autonómicos y en la interpretación que hagan los diferentes tribunales superiores de justicia, que el pasado otoño autorizaron medidas en unos territorios que denegaban en otros. El mismo Consejo de Estado ha advertido al Gobierno en un dictamen que no existe un plan jurídico alternativo al estado de alarma porque la legislación sanitaria es demasiado genérica y requiere de modificaciones.